La FADSP alerta de que el acuerdo entre PP y Vox consolida un modelo de privatización sanitaria, exclusión y deterioro de la Sanidad Pública en Andalucía
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública considera que el acuerdo de gobierno para Andalucía no responde a los problemas reales del Servicio Andaluz de Salud, consolida la privatización sanitaria y cuestiona principios básicos como la universalidad, la equidad y la protección de la salud pública.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) considera que el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para gobernar Andalucía supone un grave retroceso para el derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 43 de la Constitución.
Esta consideración se basa en algo tan obvio como analizar las políticas sanitarias del PP, ahora agudizadas por Vox, en todas las Comunidades Autónomas. Lo que denominan colaboración público-privada no es más que una privatización progresiva que hace que alrededor del 40% de los presupuestos sanitarios públicos andaluces terminen en las arcas de las multinacionales privadas. Hemos publicado un artículo recientemente en Público (https://www. publico.es/opinion/columnas/listas-espera-aumento-mortalidad-cancer-andalucia.html) con un análisis exhaustivo y referenciado sobre la situación sanitaria pública andaluza. Además, se están acumulando estudios científicos epidemiológicos realizados en Andalucía, que evidencian que en el periodo del gobierno andaluz del PP han aumentado las muertes evitables, tanto en cánceres ((Gaceta Sanitaria 40 (2026) 102596. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2026.102596), como en diabetes mellitus (Gaceta Sanitaria 40 (2026) S4:167). Y los estudios continuarán con otras graves enfermedades.
Por lo tanto, una cuestión es lo que dicen en las entrevistas y en sus contínuas referencias (son auténticos youtubers), o lo que escriben en el acuerdo PP-Vox y otra cuestión, desgraciadamente opuesta, es lo que “hacen”, lo que gestionan, que no es más que privatizar aquello de “lo público” que es comercialmente atractivo. No nos engañen, por favor, respeten la inteligencia del pueblo andaluz.
Más allá de los titulares, el acuerdo deja clara una forma de entender las políticas públicas. Reduce el papel de las administraciones, amplía el espacio del mercado y traslada esa lógica también a la sanidad. En lugar de afrontar los problemas de fondo del Servicio Andaluz de Salud, vuelve a apostar por fórmulas que ya han demostrado sus límites.
La sanidad pública andaluza necesita más recursos, más profesionales y una planificación capaz de recuperar la capacidad asistencial perdida. Sin embargo, el acuerdo insiste en seguir recurriendo al sector privado para intentar resolver unas listas de espera que llevan años creciendo. La experiencia demuestra que ese camino no ha servido para fortalecer el sistema público. Más bien al contrario.
Hay un dato que explica buena parte de la situación. Según el informe de la FADSP sobre los Presupuestos Sanitarios de las Comunidades Autónomas para 2026, Andalucía destina 1.870,50 euros por habitante y año a sanidad, mientras la media autonómica alcanza los 2.014 euros. Son 143,50 euros menos por persona.
Antes de señalar a la población extranjera o de anunciar nuevas auditorías convendría mirar los presupuestos. Esa diferencia ayuda mucho más a entender el deterioro del Servicio Andaluz de Salud que cualquier intento de buscar responsables entre quienes utilizan el sistema sanitario.
Los datos de la propia FADSP apuntan en la misma dirección. El último Informe sobre Privatización Sanitaria muestra que Andalucía ha incrementado su grado de privatización durante la última década, es decir, mientras la inversión pública sigue por debajo de la media estatal, el peso del sector privado continúa creciendo. Difícilmente puede sostenerse que esa estrategia haya servido para mejorar la asistencia sanitaria.
Sorprende además que un acuerdo que pretende marcar el futuro de la sanidad andaluza apenas plantee medidas para recuperar servicios privatizados, reforzar la red pública o corregir el déficit de financiación que arrastra el Servicio Andaluz de Salud. Se habla de auditorías, de nuevos mecanismos de control, de reorganizaciones, pero apenas se aborda el verdadero problema.
Las listas de espera no van a desaparecer porque se compren más intervenciones a empresas privadas, el problema no está ahí. Lo que falta son profesionales, camas abiertas, quirófanos funcionando a pleno rendimiento y una Atención Primaria capaz de resolver buena parte de los problemas de salud antes de que lleguen al hospital. En conclusión, recursos de gestión pública directa que puedan atender las necesidades de la población.
El acuerdo dedica además un apartado específico a la “población extranjera”. La propuesta de auditar el gasto sanitario asociado a este colectivo o reforzar los mecanismos de facturación introduce un debate que nada tiene que ver con la salud pública.
Los problemas de la sanidad andaluza no los provoca la “población extranjera”. Los provocan años de recortes, desmantelamiento, privatizaciones, financiación insuficiente, plantillas escasas, precariedad laboral y decisiones políticas que han ido debilitando progresivamente el sistema sanitario público.
Convertir a un colectivo vulnerable en el centro del debate solo sirve para desviar la atención de las verdaderas causas del problema. Además, rompe con uno de los principios básicos del Sistema Nacional de Salud que es el de atender a las personas por su necesidad de salud y no por su origen, su situación administrativa o su capacidad económica.
También preocupa el rumbo que marca el acuerdo en materia ambiental. Cuestionar las políticas frente al cambio climático supone ignorar uno de los principales riesgos para la salud de este siglo.
Como ya trasladamos en nuestro último informe publicado acerca de ello (https://fadsp.es/cambio-climatico-salud-fadsp/), las olas de calor y la contaminación ya están teniendo consecuencias sobre la salud de miles de personas. Cada verano aumenta la presión sobre los servicios sanitarios y se incrementa la mortalidad asociada a las temperaturas extremas. Negar esa realidad o debilitar las políticas de prevención no hará desaparecer el problema.
La salud empieza mucho antes de entrar en un hospital. Depende de las condiciones de vida, del entorno en el que vivimos, del aire que respiramos o del acceso a servicios públicos de calidad, por eso las políticas ambientales también son políticas de salud. El acuerdo, sin embargo, avanza en la dirección contraria.
Ese camino ya se ha recorrido en otros territorios y sus consecuencias son conocidas, con una sanidad pública con menos capacidad de respuesta, una dependencia cada vez mayor del sector privado y más desigualdades en el acceso a la atención sanitaria.
Andalucía necesita justamente lo contrario. Necesita reforzar su sistema sanitario público, recuperar capacidad asistencial, invertir en salud pública y garantizar que cualquier persona reciba atención sanitaria en condiciones de igualdad.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública seguirá defendiendo una sanidad pública universal, de gestión y provisión públicas, suficientemente financiada y basada en la equidad. Porque la obligación de los poderes públicos es proteger un derecho fundamental, no debilitarlo.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
7 de julio de 2026
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