El complemento de exclusividad se mantiene todavía en siete comunidades autónomas.
Por Carlos Ponte*
Fuente original: nortes.me
6 octubre 2023
A través de la prensa hemos conocido que la Consejería de Salud tiene el propósito de rebajar, o quizás eliminar, el complemento de exclusividad, que es una remuneración que reciben solamente los profesionales de medicina que trabajan en exclusiva en el sistema público.
Es probable, o eso entendemos nosotros, que la finalidad de esta iniciativa sea la de complacer al Colegio Oficial de Médicos y al SIMPA, Sindicato Médico Profesional de Asturias, que llevan años reclamando que el complemento de exclusividad es discriminatorio para los que simultanean su actividad en la pública y la privada, porque en última instancia la disponibilidad y el tiempo de trabajo es el mismo para todos.
Pero no es discriminación. La exclusividad debe ser remunerada, porque así lo contempla explícitamente la legislación laboral vigente, y porque es una necesidad de la Sanidad Pública en la defensa de sus intereses y de la adecuada gestión de sus recursos humanos. En términos empresariales, la empresa pública tiene el mismo derecho que las empresas privadas a la protección de la ventaja competitiva y al retorno de la inversión realizada en el aprendizaje (como es el caso del MIR que se financia con dinero público) y la formación de sus empleados.
La empresa pública tiene el mismo derecho que las empresas privadas a la protección de la ventaja competitiva
En correspondencia y con los mismos argumentos de las empresas privadas y también otras administraciones públicas, que establecen un régimen de incompatibilidades que prohíbe trabajar simultáneamente en otra empresa del mismo ramo, la Sanidad Pública debe motivar e incentivar la exclusividad, y trabajar por la prevención y gestión de los conflictos de intereses.
Porque los conflictos de intereses existen, lo sabemos por experiencia a lo largo de los años: beneficios y rendimientos contrapuestos, con posibles prácticas irregulares, algunas claramente ilegítimas, cuando convergen los intereses del sector público con los del sector privado. Por ejemplo, reclutar pacientes de la sanidad pública para las consultas privadas, o parasitar la sanidad pública mediante pruebas y medicamentos promovidos desde la medicina privada, o tomar decisiones no justificadas sobre las listas de espera privilegiando a los que han pagado una consulta privada…
Entrada del Centro de Salud de La Felguera. Foto: Iván G. Fernández
Es indudable que muchos profesionales -la mayoría- ejercen la práctica privada con honestidad, pero es innegable también que la doble fidelidad es un reto que contiene riesgos ante los que la sociedad, que es quien financia el sistema público, no puede permanecer pasiva. ¿Alguien entendería que se pueda ser gerente del HUCA y, a su vez, gerente del Centro Médico de Oviedo o del futuro hospital que proyecta Quirón en Gijón? , pues lo mismo cabe decir en el caso de un jefe o un responsable de un servicio médico.
Cabe añadir que la eliminación de la exclusividad puede vulnerar el régimen legal de incompatibilidades, por situaciones en las que un facultativo pueda cobrar dos salarios de la misma administración, uno directo, de la Sanidad Pública, y otro indirecto, de la sanidad privada concertada.
En sentido positivo, más allá de los conflictos de intereses, la exclusividad adecuadamente implementada, y no como se ha hecho hasta ahora, tiene que ser un instrumento para fortalecer el sentido de pertenencia al sistema público, que es una motivación fundamental en cualquier actividad humana. En el caso de la Sanidad Pública tiene una clara dimensión moral y ética por la responsabilidad que supone sanar y cuidar de la salud con equidad, es decir, a toda la ciudadanía por igual.
Por tanto, la supresión o devaluación de la exclusividad para los facultativos y cargos intermedios que trabajan en la Sanidad Pública es una medida errónea y perjudicial para los profesionales de la medicina y para la ciudadanía. Un paso atrás que esperemos que no se produzca.
El complemento de exclusividad todavía se mantiene en siete Comunidades Autónomas, aunque es previsible que sea una de las primeras víctimas ante la ola de privatizaciones que se avecina. Sin embargo, lo que no entraba en nuestras previsiones es que Asturias se pudiera sumar a esta contrarreforma, inequívocamente contraria a los intereses de la Sanidad Pública, que son los intereses de todas y todos.
*Carlos Ponte: Es médico y presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Asturias.