Prólogo
En los países de la OCDE, el envejecimiento de la población, los estilos de vida de las personas contemporáneas y las crecientes exigencias de los ciudadanos y usuarios a los sistemas sanitarios son retos a los que las autoridades públicas deben responder con realidades económicas y estructuras que pueden aplicarse.
En todo el mundo, los sistemas públicos de salud están bajo presión, presiones que se observan tanto en los países de bajos ingresos (ejemplo de la India, donde el primer reto sigue siendo la simple cobertura de las necesidades sanitarias básicas), como en los países desarrollados (ejemplo de Alemania, que dedica un gran porcentaje de su PIB al gasto sanitario público, que está a la vanguardia de la tecnología en el ámbito médico, pero que sin embargo sufre una escasez de médicos y se enfrenta al agotamiento profesional de los que ejercen).
Cualquier comparación, cualquier crítica debe tener en cuenta el contexto de cada país. El siguiente trabajo comparará, contrastará y necesariamente pondrá de manifiesto algunas de las debilidades de los sistemas sanitarios de España y Francia, dos países desarrollados y miembros de la OCDE.
Cabe señalar, como observación preliminar, que, a escala mundial, estos dos sistemas satisfacen las necesidades sanitarias básicas de forma relativamente correcta.
Esto no impide que estos dos sistemas, impulsados por diversas políticas y enmarcados por normas legislativas, evolucionen, mejoren o se deterioren según el ámbito de que se trate. La atención primaria está en peligro, los servicios de primera línea están saturados. Hay una crisis en los sistemas de salud pública, que se manifestó más con la pandemia de la Covid-19.
Aunque España y Francia difieren en la forma de organización de sus Estados, ambos tienen un sistema democrático, que está consagrado en cada una de sus normas constitucionales.
La Constitución Española de 1978 establece en el artículo 1 de su título preliminar que “España es un Estado de Derecho, social y democrático (…)”.
En Francia, el ‘Bloc de constitutionnalité’ se remite a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuyo artículo 6 establece que “la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir personalmente, o a través de sus representantes, a su formación. Debe ser igual para todos, tanto si protege como si castiga”. Además, “los partidos y agrupaciones políticas (…) deben respetar los principios (…) de la democracia”, tal y como establece el artículo 4 de la Constitución de 1958.
Estudiar la salud pública significa también estudiar el origen de los problemas de salud, estudiar los factores físicos, psicológicos y socioculturales de la salud de la población para comprender mejor el malestar general de la población.
John Peter Frank, padre fundador de la salud pública, escribió en su obra La miseria de los pueblos como madre de las enfermedades que “cada clase social sufre las enfermedades determinadas por su modo de vivir”.
Aunque la esperanza de vida media puede variar hasta en 18 años entre países, dentro de ellos las poblaciones más desfavorecidas tienen peores resultados sanitarios en relación con enfermedades no transmisibles como el cáncer.
Nadie puede negar que la pandemia de Covid-19 afectó masivamente a las poblaciones más pobres o a las personas que viven en zonas desfavorecidas.
Frank propuso el modelo de salud pública como una nueva herramienta para ayudar al Estado a abordar la razón de estos males.
La presencia de la salud en todas las políticas públicas es un reto que reúne dos elementos: asumir la diversidad y profundizar la democracia. Además de formar parte de la lucha por la igualdad, la salud publica forma parte integrante de nuestras democracias.
Cabe subrayar que, para preservar nuestras democracias, ciertos servicios públicos son indispensables, como la sanidad pública.
“Una población sana y bien educada para un desarrollo exitoso” (ONU, Consejo Económico y Social, 26 de julio de 2002).