Frente a la privatización y la división, más Sanidad Pública

Cuando la sanidad se organiza bajo criterios mercantiles, el derecho a la salud queda subordinado a la rentabilidad.

En el debate sobre el presente y futuro de la Sanidad Pública conviene partir de hechos incontestables: el Sistema Nacional de Salud es un entramado colectivo que hoy emplea en su red pública casi 800.000 profesionales, de los cuales alrededor de 178.000 son personal médico y facultativo, más de 227.000 son enfermeras y el resto, cerca de 385.000, conforman personal técnico, auxiliares, de laboratorio y de apoyo, gestión y servicios, sin olvidar, además, al personal en formación sanitaria especializada, que suma unas 40.000 personas. Esta distribución confirma que la atención sanitaria depende de equipos multidisciplinares y que ninguna iniciativa aislada para una sola categoría puede abordar los problemas estructurales del conjunto.

Sin embargo, el sistema afronta déficits significativos: se estima un déficit cercano a los 5.000 médicos de familia y un desfase en enfermería que, para equipararse a los estándares europeos, requeriría entre 90.000 y 100.000 profesionales adicionales. A ello se suma que el personal administrativo, crucial para la accesibilidad y la gestión, ha crecido muy por debajo de las necesidades reales de los centros.

Plantear un estatuto exclusivo para personal médico y facultativo frente a este panorama ofrece una respuesta parcial y peligrosamente miope

Plantear un estatuto exclusivo para personal médico y facultativo frente a este panorama ofrece una respuesta parcial y peligrosamente miope. No resuelve la falta estructural de personal en enfermería, ni la insuficiencia de profesionales administrativos que sostienen la organización diaria del sistema, ni compensa las carencias en categorías técnicas y de apoyo. Además, introduce una división innecesaria que puede debilitar los equipos, dificultar la planificación conjunta y generar desequilibrios en un espacio que necesita precisamente lo contrario: cohesión, condiciones laborales dignas y equitativas, y fortalecimiento desde una perspectiva de conjunto.

A este escenario se suma un proceso creciente que condiciona profundamente la organización y la calidad del sistema: la privatización. Un ejemplo reciente se ha producido en la Comunidad de Madrid, donde, en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas —de modelo de gestión público-privada (PFI, por sus siglas en inglés)—, se va a privatizar la unidad de tratamiento del dolor crónico, un servicio que anteriormente prestaban profesionales del propio hospital y que ahora quedaría en manos de una empresa privada mediante un contrato cuyo coste aumenta respecto a la prestación pública y fragmenta la continuidad asistencial. Esta medida se produce en un contexto de dificultades para la contratación de profesionales en el ámbito público, especialmente en categorías como personal facultativo, enfermería, técnicos y administrativos, y constituye un ejemplo claro de cómo la privatización no surge para mejorar la capacidad del sistema, sino para parasitar la Sanidad Pública sin resolver los problemas de fondo.

La privatización no surge para mejorar la capacidad del sistema, sino para parasitar la Sanidad Pública sin resolver los problemas de fondo

El caso del Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado mediante concesión privada al grupo Ribera Salud, resulta igualmente revelador. Se han conocido instrucciones internas orientadas a priorizar procedimientos más rentables y a limitar otros con menor beneficio económico, lo que evidencia la lógica empresarial que impregna el modelo. La propia administración de la Comunidad de Madrid contribuye a este modelo, destinando fondos públicos para cubrir desequilibrios económicos derivados de esta gestión, demostrando que la privatización no solo no reduce costes, sino que a menudo termina repercutiendo en las arcas públicas mientras se compromete la equidad y la universalidad.

Estos casos son la manifestación concreta de un problema estructural: cuando la sanidad se organiza bajo criterios mercantiles, el derecho a la salud queda subordinado a la rentabilidad; y cuando se proponen estatutos diferenciados para determinadas categorías, se fomenta la fragmentación interna y se debilita el carácter colectivo del sistema. Mantener un Sistema Nacional de Salud fuerte implica reconocer el valor de todo su personal, desde la primera línea clínica hasta la primera ventana administrativa, y garantizar condiciones estables, homogéneas y dignas para todas las categorías.

La defensa de la Sanidad Pública exige planificación, cohesión y solidaridad entre profesiones, no normativas exclusivas que generen desigualdades internas

El camino para preservar un sistema sanitario público, universal y de calidad no pasa por la división, sino por el refuerzo integral de la Sanidad Pública: financiación suficiente y finalista, dimensionar plantillas según necesidades reales, reducir la temporalidad, condiciones laborales dignas que fidelicen y retengan talento, invertir de manera decidida en Atención Primaria, elevar las ratios de enfermería hasta parámetros europeos, fortalecer la gestión pública de servicios estratégicos y revertir la privatización que fragmenta la atención e introduce lógicas ajenas al interés común. La defensa de la Sanidad Pública exige planificación, cohesión y solidaridad entre profesiones, no normativas exclusivas que generen desigualdades internas y empeoren las condiciones de la profesión médica y facultativa.

La Sanidad Pública es un derecho social fundamental que se sostiene sobre la cooperación de múltiples perfiles profesionales y sobre la convicción de que la salud no puede convertirse en mercancía. Por ello, la verdadera solución no es crear estatutos que separen, sino construir un proyecto compartido que valore y proteja a todas las personas trabajadoras, que garantice continuidad asistencial mediante gestión pública directa y que sitúe las necesidades de la población por encima de cualquier interés económico. Solo así preservaremos la esencia de nuestra Sanidad Pública: universal, accesible, equitativa, de calidad y al servicio de toda la ciudadanía.

Sergio Fernández Ruiz
Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid