Denunciamos que el bloqueo del registro de objetores ha impedido garantizar este derecho en la sanidad pública madrileña
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) valoramos la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obliga al Gobierno de la Comunidad de Madrid a iniciar la creación del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Esta decisión judicial confirma lo que la ADSPM llevamos tiempo denunciando y es que la negativa del Gobierno regional a implantar el registro de objetores suponía incumplir la legislación vigente y dificultar que este derecho pudiera garantizarse dentro del sistema sanitario público.
La Comunidad de Madrid se había convertido en la única comunidad autónoma que se negaba a desarrollar este instrumento previsto en la ley, necesario para planificar los servicios sanitarios y asegurar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo.
Esta situación responde a una decisión política destinada a mantener esta prestación fuera de la red sanitaria pública madrileña.
Recordamos que el registro de objetores no limita la libertad de conciencia del conjunto de profesionales, sino que es una herramienta imprescindible para compatibilizar ese derecho con el derecho de las mujeres a acceder a una prestación sanitaria incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
La falta de planificación y de recursos en la sanidad pública madrileña ha contribuido a mantener una situación anómala en la que la gran mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo siguen realizándose fuera del sistema sanitario público, reforzando un modelo basado en la privatización de servicios.
Por ello exigimos a la Consejería de Sanidad que:
1. Cumpla de forma inmediata la resolución judicial.
2. Desarrolle el registro de objetores conforme a la legislación vigente.
3. Garantice que la interrupción voluntaria del embarazo pueda realizarse en hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud.
“Durante años el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha utilizado la objeción de conciencia como excusa para no garantizar un derecho reconocido por ley. Detrás de este bloqueo hay una mezcla de privatización sanitaria y fundamentalismo ideológico que nada tiene que ver con la organización de los servicios de salud. La justicia deja claro que los derechos de las mujeres deben garantizarse en la sanidad pública”, señala Sergio Fernández Ruiz, presidente de ADSPM.
Recordamos que los derechos en materia de salud no pueden depender de la voluntad política de un gobierno autonómico y que corresponde a los poderes públicos garantizar que las prestaciones incluidas en el Sistema Nacional de Salud se ofrezcan en condiciones de equidad, accesibilidad y calidad.
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE MADRID
9 de marzo de 2026
Descubre más desde FADSP
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.