La ADSPM ante las declaraciones de la Consejera de Sanidad, Fátima Matute, sobre el aborto y el registro de objetores

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) expresa su más firme rechazo a las declaraciones de la Sra. Matute, quien ha afirmado que en Madrid se cree en un aborto “legal, seguro y poco frecuente” y que no se van a “señalar ni perseguir” a quienes practican o no abortos.

Estas palabras resultan contradictorias y preocupantes, ya que coinciden con la decisión de la Comunidad de Madrid de no crear el registro de objetores de conciencia, una herramienta clave para garantizar que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se ejerza en la red pública sin obstáculos, arbitrariedades ni incertidumbre para mujeres y profesionales sanitarios.

El registro de objetores no es un capricho ni un instrumento de control ideológico: es una obligación legal, diseñada para asegurar transparencia, planificación y seguridad en la atención sanitaria. Negarse a implantarlo y mantenerlo en secreto pone en riesgo tanto los derechos de las mujeres como la seguridad del personal que cumple la ley.

Según Sergio Fernández Ruiz, presidente de ADSPM, “decir que se garantiza un aborto seguro y, al mismo tiempo, negarse al registro de objetores es vaciar de contenido el derecho a decidir y trasladar la responsabilidad al azar de cada profesional. Es una irresponsabilidad institucional que evidencia falta de compromiso con la salud pública y con los derechos de las mujeres madrileñas”.

Desde la ADSPM denunciamos que esta postura:
• Rompe la equidad del sistema sanitario público, generando desigualdad entre quienes acceden a la atención y quienes no.
• Fomenta la discrecionalidad y la inseguridad jurídica, debilitando la confianza en la sanidad pública.
• Estigmatiza tanto a las mujeres que ejercen su derecho como a los profesionales que cumplen la ley.

Exigimos a la Consejera de Sanidad que rectifique de inmediato, cumpla la legislación vigente y garantice que los centros sanitarios públicos de Madrid dispongan de los recursos humanos y materiales necesarios para realizar interrupciones voluntarias del embarazo con seguridad, respeto y dignidad.