Ayuso, Quirón y otras cuentas del montón

 De cara a preparar los presupuestos sanitarios de 2027, la Comunidad de Madrid debe estar a la altura de su capacidad económica para asegurar los recursos que necesita la población

Por: Sergio Fernández Ruiz

Fuente original: infolibre.es

Hay una frase en el documento interno de la Consejería de Sanidad conocido estos días que resulta bastante esclarecedora: los créditos presupuestarios destinados a personal “no cubren ni siquiera la plantilla autorizada”. Es decir, la Comunidad de Madrid aprueba unos presupuestos sanitarios que, de entrada, son insuficientes para financiar el personal que ella misma tiene autorizado. Esto ocurre en la comunidad autónoma con mayor PIB de España, aunque parezca mentira.

Lo explico. En 2025 se presupuestaron inicialmente alrededor de 4.700 millones de euros para personal del SERMAS, cuando el año anterior ya se habían gastado más de 4.800 millones. Finalmente, el gasto reconocido en 2025 alcanzó los 4.959 millones. Después llegan las modificaciones presupuestarias para afrontar unos gastos que, en buena medida, eran perfectamente previsibles. La Consejería ha intentado quitar importancia al documento calificándolo de borrador interno, pero eso no explica esta manera de elaborar los presupuestos.

Mientras tanto, seguimos escuchando a Ayuso y Matute hablar de presupuestos récord y de la excelencia del sistema sanitario madrileño. Un discurso imposible de sostener cuando ni siquiera se consigna inicialmente el dinero necesario para financiar las plantillas de quienes realmente sostienen el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid llevamos muchos años denunciando esta situación, y es que estamos ante una política de infrafinanciación mantenida por los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Y las cifras de la propia Administración son bastante reveladoras.

La Memoria del SERMAS de 2025 recoge que el presupuesto inicial, de 10.177 millones de euros, terminó ampliándose hasta los 12.690 millones. Más de 2.500 millones de diferencia. Las modificaciones presupuestarias forman parte del funcionamiento habitual de cualquier administración pero una cosa es realizar ajustes durante el ejercicio y otra muy distinta es presentar reiteradamente unas cuentas que terminan quedándose tan lejos del gasto real. ¿De qué sirven entonces los anuncios de presupuestos récord si las cantidades aprobadas no reflejan suficientemente las necesidades que ya se conocen?

Las deficientes condiciones laborales y la sobrecarga de trabajo afectan al conjunto del personal sanitario y no sanitario que sostiene diariamente nuestros centros públicos

El documento difundido también señala que el personal facultativo hospitalario madrileño se encuentra a la cola de España en poder adquisitivo. Pero sería un error reducir el problema a una sola categoría profesional. Las deficientes condiciones laborales y la sobrecarga de trabajo afectan al conjunto del personal sanitario y no sanitario que sostiene diariamente nuestros centros públicos. Sin unas plantillas suficientes y sin condiciones laborales dignas resulta imposible garantizar una atención sanitaria de calidad.

Conviene recordar que Madrid volvió a situarse en 2026 a la cola en presupuesto sanitario por habitante entre las comunidades autónomas que aprobaron nuevas cuentas. Apenas 1.537 euros frente a una media autonómica de 2.013, según los datos que publicamos desde la FADSP. Casi 1.000 euros menos por persona si lo comparamos con Asturias. Una diferencia inaceptable en una comunidad con nuestra capacidad económica.

Y las consecuencias están a la vista. Al terminar 2025 había 965.548 primeras consultas hospitalarias pendientes, de las cuales 253.738 ni siquiera tenían una fecha asignada. Si añadimos los registros sin fecha de las pruebas diagnósticas monitorizadas, se superaban los 366.000. Son datos oficiales, no estimaciones de quienes llevamos años denunciando el deterioro de la sanidad pública madrileña. Y los datos más recientes tampoco invitan al optimismo. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, la lista de espera quirúrgica estructural ha pasado de 75.898 a 92.525 pacientes, un incremento del 21,9 % en apenas un año. Resulta paradójico que, con semejantes cifras, la Consejería siga presumiendo de excelencia sanitaria.

La falta de camas hospitalarias es otro ejemplo de las consecuencias de esta política. Madrid dispone de apenas 1,66 camas funcionantes por cada 1.000 habitantes con acceso a la sanidad pública. Una cifra injustificable con nuestra capacidad económica. Mientras la población sigue creciendo, el número de camas prácticamente permanece estancado. Y después nos hablan de excelencia sanitaria cuando nuestros hospitales tienen dificultades para responder a la demanda asistencial.

Hay otra cuestión extremadamente importante que no podemos separar de todo esto: la privatización.

Hace apenas unas semanas presentamos el último informe de la FADSP sobre privatización sanitaria y Madrid vuelve a encabezar el índice. No es ninguna novedad. Lo preocupante es que, mientras los centros públicos de gestión directa necesitan más profesionales y capacidad asistencial, el Gobierno regional continúa destinando cantidades millonarias a empresas sanitarias privadas.

Las privatizaciones no se detienen. Por ejemplo, este mismo año el Gobierno de Ayuso ha adjudicado a Quirónsalud la gestión del Laboratorio Clínico Central por más de 120 millones de euros para los próximos cinco años. Un laboratorio que atiende a seis hospitales públicos y da cobertura a cerca de 1,4 millones de madrileños. Curiosamente, las pruebas genéticas, algunas de las más costosas, han quedado fuera del contrato y pasarán a realizarse en hospitales públicos. Si la gestión pública es más eficiente para estas pruebas, como reconoce la propia Consejería de Sanidad, ¿por qué no recuperar del resto de la actividad del laboratorio?

Y aquí las cifras merecen una reflexión. Entre 2019 y 2025, la Comunidad de Madrid reconoció más de 10.480 millones de euros en asistencia sanitaria con medios ajenos. Una partida que incluye los conciertos con hospitales privados y otras prestaciones asistenciales, algunas de ellas con instituciones públicas. Solo en 2025 se reconocieron cerca de 1.830 millones de euros, unos 670 millones por encima de lo inicialmente presupuestado.

Pero lo verdaderamente significativo es comprobar quién concentra buena parte de ese dinero. Entre 2019 y 2024, los cinco hospitales gestionados por Quirón y Ribera Salud acumularon más de 6.600 millones de euros en obligaciones reconocidas, aproximadamente el 77 % de todo el gasto contabilizado en conciertos sanitarios durante ese periodo. Solo en 2024 se reconocieron más de 1.755 millones para estos cinco hospitales. Unas cantidades que convendría recordar cada vez que Ayuso presume de su gestión económica o cuando se nos dice que no hay recursos suficientes para reforzar los centros públicos.

Y por si fuera poco, esa Memoria que mencionaba al inicio dedica varias páginas a las auditorías de los hospitales gestionados por Quirón y Ribera Salud, pero omite cuánto dinero se ha reconocido a cada uno y los resultados económicos de esas auditorías. Curiosa manera de entender la transparencia. Nos cuentan que se audita, pero no nos enseñan las cuentas. Parece que para presumir de gestión todo son facilidades, pero cuando se trata de conocer cuánto dinero público reciben estas empresas, la transparencia brilla por su ausencia. ¿Qué tiene que ocultar el gobierno de la Comunidad de Madrid? Porque hablamos del dinero de todos los madrileños y las madrileñas, no de unas cuentas privadas. Aunque, viendo el empeño en no ofrecer las cifras, cualquiera diría que lo fueran.

Con semejante reparto y este baile de cifras, Almodóvar tendría material para otra película madrileña. Solo que esta, por desgracia, la pagamos entre todos y todas.

Se presenta la libre elección como si fuera la solución a todos los problemas, cuando muchos pacientes acaban recurriendo a ella porque no encuentran una respuesta en un plazo razonable en su hospital de referencia

La situación resulta todavía más preocupante cuando las listas de espera terminan convirtiéndose en una justificación recurrente para incrementar las derivaciones a centros de gestión privada. En lugar de reforzar suficientemente los recursos propios de la sanidad pública, se continúa alimentando un modelo que favorece el crecimiento del negocio sanitario privado. Y después se presenta la libre elección como si fuera la solución a todos los problemas, cuando muchos pacientes acaban recurriendo a ella porque no encuentran una respuesta en un plazo razonable en su hospital de referencia. Hasta se han conocido denuncias de usuarios sobre una supuesta priorización de hospitales de Quirón en la aplicación de citas, algo que la Comunidad de Madrid niega. Casualidad o no, parece que el algoritmo tiene cierta predilección por los hospitales de gestión privada.

Son decisiones políticas que llevamos años cuestionando y que tienen consecuencias sobre el funcionamiento de nuestra sanidad pública. Porque mantener infrafinanciados los centros de gestión pública directa mientras aumenta la dependencia de las empresas privadas acaba condicionando el futuro del propio sistema sanitario.

Ahora que se están elaborando los presupuestos autonómicos de 2027, el Gobierno de Ayuso tiene la oportunidad de demostrar si realmente pretende reforzar la sanidad pública o si volveremos a encontrarnos con otro ejercicio de propaganda presupuestaria. No basta con anunciar otro incremento porcentual. Madrid necesita acercar, como mínimo, su presupuesto sanitario por habitante a la media autonómica y, sí, garantizar que las plantillas estén financiadas desde el primer momento. Pero tampoco sería suficiente quedarse ahí. Es necesario ampliar los recursos humanos en función de las necesidades asistenciales y mejorar las condiciones laborales y retributivas del conjunto del personal, incluida la recuperación de la jornada de 35 horas. La Atención Primaria necesita un refuerzo urgente y nuestros hospitales deben recuperar capacidad asistencial. La Salud Mental, la Salud Pública y la Salud Laboral deben dejar de ser las hermanitas pobres del sistema. También hace falta abordar de una vez las listas de espera, priorizando los centros públicos de gestión directa, paralizando las privatizaciones y avanzando en la recuperación de los servicios externalizados.

Todo esto requiere financiación suficiente y finalista, evidentemente, pero también voluntad política para cambiar un modelo que lleva demasiado tiempo debilitando nuestra sanidad pública.

Quizá en mayo del próximo año cambie el rumbo. Mientras tanto, Ayuso y Matute deberían abandonar de una vez la propaganda y asumir sus responsabilidades. Porque resulta inaceptable que una comunidad con la capacidad económica de Madrid no sea capaz de presupuestar adecuadamente, mientras sigue aumentando el peso de las empresas privadas en nuestro sistema sanitario.

Convendría que el actual Gobierno regional entendiera algo bastante sencillo, como es que los trabajadores y las trabajadoras no pagan la compra con porcentajes y a las personas que llevan meses esperando una consulta, una prueba o una intervención les sirve de bien poco que la Sra. Ayuso continúe con su particular ficción.

Sergio Fernández Ruiz es el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM)