La Xunta de Galicia maltrata a las personas mayores y pretende perpetuar esta situación para garantizar el negocio a las empresas privadas que dependen de multinacionales.
El Consejo de Cuentas de Galicia, denunció antes de la Pandemia de la COVID, importantes deficiencias e irregularidades en las Residencias de Mayores, que suponían un riesgo para la salud de las personas usuarias de las mismas. Este informe fue ignorado por la Xunta, por lo que con la llegada de la Pandemia no foro capaces de afrontar el problema
La atención de las personas mayores en Residencias está prácticamente privatizada:
En Galicia hay 22.000 plazas residenciales de las que más de 17.000 son de titularidad privada (77 %) y solo 4.800 están en centros de titularidad pública
Feijoo transfirió las Residencias de Mayores de Galicia de manos públicas la empresas multinacionales y fondos de inversión:
Estas Residencias en Galicia, eran propiedad y estaban gestionadas por la Xunta y Caixanova, pero con la llegada al poder de Feijóo, fueron cedidas a la empresa Geriatros: El 45% pasó a manos de Nueva Galicia Banco (que tras su rescate, cambió de nombre por Abanca), con el compromiso de que habían seguido siendo públicas (algo claramente incumplido). Geriatros vendió el otro 55% al fondo de Magnum Capital y la Eulen (de la que era apoderada Micaela Nuñez Feijóo, hermana del presidente). Tras la fusión de Geriatros con SARquavitae (propiedad del fondo británico ICG y el francés SRS) surgió DomusVi que es la principal operadora de Residencias con 25.000 camas y 198 centros en todo el estado. No negocio de las residencias hay también constructoras (ACS, Sacyr, Eulen), aseguradoras (BUPA, Santa Lucía), empresas que no tienen ninguna experiencia en el sector y que se enriquecieron con los contratos con la Almuerza.
La mortalidad en las Residencias de Mayores durante la Pandemia, afectó más las Residencias privadas y en las de mayor tamaño en número de Residentes:
Las principales causas de esta situación tienen que ver con:
1º. La edad de las personas afectadas: en la primera onda de la Covid, el 86% de los fallecidos fueron personas mayores de 70 años.
2º. La titularidad Privada de las residencias: la incidencia de la COVID en las Residencias privadas fue el doble que en las públicas: El 94,3% de los fallecidos, fueron en Residencias de titularidad privada o gestión privada, mientras el 5,7% se produjeron en residencias gestionadas directamente por la Xunta. De los 790 muertos en centros de mayores (en la primera onda de la pandemia) 710 fueron en las privadas y 80 en Residencias de titularidad autonómica (la mitad de ellas en centros de gestión privada). Las entidad con más fallecidos en las primeras ondas, fueron DomusVi con 161 usuarios), seguida por la Fundación San Rosendo (del obispado de Ourense), con 106. Entre las dos sumaron el 53% del total de muertes en los 9 primeros meses da pandemia.
3º. El tamaño de los centros: las Residencias de tamaño medio (entre 60 y 120 usuarios) y las más grandes (más de 120 residentes ) tuvieron el doble de incidencia que las más pequeñas (25% frente al 13%)
4º. La falta de personal sanitario del que carecían, tanto de personal médico como de enfermería motivó que la mayoría de las muertes en el tuvieron atención sanitaria, aislados durante días o semanas en sus habilitaciones, sin recibir cuidados paliativos o sedación. En muchas Residencias, el personal carecía de cualificación para las labores que debían realizar lo que unido a los bajos sueldos y la precariedad laboral, el amontonamiento de usuarios en los centros, obligó al personal para atender un número muy elevado de residentes y la jornadas de trabajo extenuantes.
Hasta la llegada de las vacunas el 41% de las muertes en Galicia se registraron en centros de mayores que carecían de preparación, protocolos y planes de contingencia sin coordinación con los servicios sanitarios, sociales y de Salud Pública (este Servicio es prácticamente inexistente por falta de presupuesto y de personal). Hay evidencia de que se trató sistemáticamente la personas con síntomas con cócteles de hidroxicloroquina, azitromicina y antivirales desaconsejados por la OMS y por las principales revistas científicas por la falta de efectividad o los efectos secundarios en las personas frágiles por la edad.
La Xunta apenas inspecciona las Residencias:
La Xunta fue reduciendo las inspecciones, pasando de visitar el 100% al 40% en pocos años y en las que se realizan no se corrigen las deficiencias encontradas. La Asociación Gallega de Inspectores e Inspectoras de Servicios Sociales denunció que la Xunta avisa a las residencias de cuando se harán los controles (con una semana de antelación), para que pueden ocultar sus irregularidades e ilegalidades y así burlar la supervisión.
El Ministerio de Asuntos Sociales y las Comunidades Autónomas acordaron un nuevo modelo para acabar con esta situación:
- Los centros no podrán superar las 75 plazas residenciales en las zonas rurales o zonas escasamente pobladas; las 90 plazas en localidades o zonas de densidad intermedia y las 120 plazas cuando estén situados en ciudades o zonas densamente pobladas.
- Se aumenta el personal, fijando un mínimo de 80% plazas de contratos indefinidos y un 66% de contratos a tiempo completo (50% en el caso de la ayuda a domicilio).
Alfonso Rueda se niega a aplicar este nuevo modelo de Residencias cordados por el Ministerio y las CCAA y apuesta por mantener residencias privadas, grandes, con menos trabajadores.
- Presentó un plan al Parlamento que establece en 150 plazas las de las Residencias (30 más que las acordadas).
- Rebaja a 35 los profesionales por cada 100 usuarios dependientes, y la 20 para atender a los autónomos, consolidando así el viejo modelo de “macro-residencias” (ahora se está anunciando la construcción de nuevas Residencias con más de 200 plazas)
- Mantiene la privatización dado que las fáciles a la Xunta por la Fundación Amancio Ortega, para ser de titularidad pública, fueron privatizadas.
Asociación Gallega para la Defensa da Sanidade Pública
20 de octubre de 2024
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