Por: Antonio Escolar Pujolar Miembro de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía

13 de abril de 2024 20:48h Actualizado el 14/04/2024

Fuente original: eldiario.es

 

De la entrada del modelo gestor de la empresa privada en el espacio de los servicios asistenciales públicos desconocemos que está pasando con un aspecto clave de los Sistemas Públicos de Salud: la posibilidad de obtener datos e información del huésped al que parasitan las compañías privadas de salud

En su edición del pasado 9 de abril, este periódico publica un artículo de Carlos del Castillo titulado “La curva de aprendizaje de la inteligencia artificial (IA) está en riesgo: su ansia de datos es infinita pero no las obras humanas”. De entre las ansias a satisfacer destaca el acceso a los datos de tipo sanitario, datos de especial interés para alimentar los sistemas de IA diseñados para el futuro apoyo al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En lo que nos concierne de forma más directa este ansia se concentraría en el posible acceso a las bases de datos asistenciales (DIRAYA; Base Poblacional de Salud; etc.) del mayor prestador de servicios sanitarios públicos en Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El 3 de mayo de 2022 la Comisión Europea dirigió una comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo con el título de “Un Espacio Europeo de Datos Sanitarios: aprovechar el potencial de los datos sanitarios en beneficio de las personas, los pacientes y la innovación”. Aunque sin nombrarlos, los beneficiarios ocultos tras la habitual cortina de humo del bien común estarían fundamentalmente: 1º) las compañías que están dando soporte al desarrollo de sus respectivas IA, 2º) las compañías del complejo industrial fármaco-tecnólogico y 3º) los conglomerados asistenciales privados y sus inversores asociados (compañías de seguros, bancos y fondos de inversión) implicados en los procesos de privatización parasitaria de los servicios públicos de salud.

Estos últimos, bancos y fondos de inversión actuando como principales facilitadores de la financiación correspondiente. Todo ello aliñado con la complicidad activa o pasiva de nuestros respectivos des-gobiernos regionales, nacionales y europeos.

En el documento de la Comisión Europea, la importancia del llamado “Espacio Europeo de Datos Sanitarios” se destaca con el comentario siguiente: “Se calcula que el valor de la reutilización de los datos sanitarios oscila entre los 25.000 y los 30.000 millones de euros anuales. Se espera que esta cifra alcance aproximadamente los 50.000 millones de euros en un plazo de diez años”.

Desconocemos que está pasando con la posibilidad de obtener datos e información del huésped al que parasitan las compañías privadas de salud, un huésped que acumula datos con mucho valor “monetizable”.

Sirva esta breve introducción como advertencia respecto a un elemento prácticamente ignorado en los debates y luchas en defensa de la sanidad pública y en contra de los procesos de privatización de los servicios sanitarios. El uso reciente de la puerta giratoria de un ex alto directivo del SAS y cargo político de la Consejería de Salud y Familias, que se iba a concretar con su incorporación como director médico de ASISA en Andalucía, nos puede ser de ayuda reflexiva.

Toda la cascada de denuncias y de exigencias de responsabilidad se han focalizado hasta ahora en los contratos de prestación de servicios con dispositivos asistenciales de esta compañía privada, que por un valor de unos 44 millones de euros ordenó Miguel Ángel Guzmán en su corta etapa como Director Gerente del SAS.

De la entrada del modelo gestor de la empresa privada en el espacio de los servicios asistenciales públicos desconocemos que está pasando con un aspecto clave de los Sistemas Públicos de Salud, la posibilidad de obtener datos e información del huésped al que parasitan las compañías privadas de salud, un huésped que acumula datos con mucho valor “monetizable”. Datos e información sobre recursos, organización, productividad, demanda, listas de espera, diagnósticos, tratamientos, uso de medicamentos, etc. En Andalucía el huésped se llama el SAS.

A los nuevos directivos procedentes de la privada se les facilita desde el poder político, son cargos de confianza, la posibilidad de acceso a una de las piezas más deseadas por los cazadores incansables de nuevos yacimientos de negocios como la IA, los Sistemas de Información de los Sistemas de Salud Públicos, poder acceder a la enormidad de datos que atesoran: nuestros datos.

Es harto difícil imaginar que una compañía privada como REPSOL permitiera el acceso a sus Sistemas de Información a un ingeniero, economista o abogado de una compañía competidora como IBERDROLA

Es harto difícil imaginar que una compañía privada como Repsol permitiera el acceso a sus Sistemas de Información a un ingeniero, economista o abogado de una compañía competidora como Iberdrola. Sin embargo en nuestras “compañías” públicas de salud se consiente sin problemas que una compañía privada de salud pueda disponer de la posibilidad de poder hacerlo a través de directivos con CV,s repletos de compromisos en defensa de intereses asistenciales privados.

En sentido contrario ¿cabría imaginar que personas con un destacado CV en defensa de la sanidad pública como Sebastián Martín Recio o Antonio Vergara tuvieran la posibilidad de ser nombrados cargos directivos en alguno de los centros asistenciales adscritos a Asisa, DKV, Adeslas…? El Sistema de Salud Público consiente lo que es impensable para el Sistema de Salud Privado. La colaboración público-privada oculta aspectos del expolio del patrimonio común poco atendidos por los defensores de los servicios públicos y los DATOS es uno de ellos.

Seguimos sin establecer regulaciones o incompatibilidades específicas al respecto más allá de los dos años de demora para el retorno a la privada de los cargos directivos públicos. En las regulaciones de incompatibilidad deberían establecerse cláusulas de confidencialidad equivalentes al menos a las existentes en las compañías privadas, detallándose las responsabilidades administrativas y penales a las que deberían estar especialmente sujetos todos los Directivos que se encuentren ocupando cargos de confianza del SAS. Igualmente deberían establecerse mecanismos internos específicos de Validación y Registro en las entradas a los Sistemas de Información por parte de sus cargos directivos, así como la rendición periódica de cuentas ante Comités Éticos Ad hoc.

El actual mecanismo de puertas giratorias permite el regreso a la gestión privada no solo con los méritos acumulados por las millonarias derivaciones contractuales que hayan posibilitado seguir parasitando al huésped, sino además con la posibilidad de disponer de una mochila bien cargada de información (Informes; Protocolos; Memorias; Evaluación de Procesos Asistenciales; Proyectos;…).

Con la experiencia gestora acumulada, más la información anterior, se posibilita conocer las fortalezas y debilidades de la organización sanitaria pública, sus planes y proyectos, entre otras informaciones que finalmente pueden ser previsiblemente trasvasadas a la correspondiente compañía privada de salud y con lo que poder facilitar el diseño e implementación de las estrategias convenientes para: 1º) mantener al huésped sin causarle la muerte y 2º) garantizar la supervivencia del parasito, es decir asegurar los beneficios económicos para los gestores y accionistas correspondientes.

Desgraciadamente para los intereses de los ciudadanos existe un convencimiento político extendido de que los gestores de la privada son los idóneos para mejorar los servicios públicos.

En el modelo gestor ubicado en las cabezas y otras entrañas de los directivos procedentes del ámbito de la empresa privada, formados en Escuelas de Negocio y/o Másteres de Gestión al uso, los planteamientos de mercado son fundamentales. Los aspectos ligados al papel de los determinantes sociales, el derecho universal a la salud y la lucha contra la desigualdad en salud no cuentan en sus modelos de gestión. Desgraciadamente para los intereses de los ciudadanos que dependen del acceso a los servicios sanitarios públicos existe un convencimiento político extendido de que los gestores de la privada son los idóneos para mejorar los servicios públicos.

La defensa de la sanidad pública pasa por incorporar estos elementos de reflexión en el catálogo de reivindicaciones, además de la necesidad de extremar la vigilancia en el posible expolio de los datos públicos y la exigencia de presión sobre los representantes políticos copartícipes de la defensa de nuestros modelo de salud para que impulsen legislaciones y normativas que protejan NUESTROS DATOS.

En el documento de la Comisión Europea citado en la primera página se incluye el siguiente párrafo que apunta a las nuevas oportunidades de negocio que el Espacio Europeo de Datos Sanitarios pretende abrir: “La industria podrá utilizar los datos para la innovación, para desarrollar productos que puedan mejorar la salud de las personas y para producir medicamentos y productos sanitarios nuevos e innovadores que pueden ayudar a prestar una asistencia mejor y más personalizada”, en resumen señala el documento en su apartado de conclusiones “tenemos la oportunidad de liberar el potencial de la economía de los datos sanitarios”.

Esta oportunidad puede pasar a ser una pesadilla sobre la que habría que estar especialmente en guardia para los defensores de la sanidad pública y en un plano amplio para todos los defensores de los servicios públicos de cobertura universal, gratuitos, equitativos, de calidad y financiados mediante políticas impositivas progresivas.

Antonio Escolar Pujolar. Epidemiólogo social.

Miembro de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía. Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (CAM).