Oficio de tinieblas en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Por: Pedro Aparicio Alonso

Fuente original: nuevatribuna.es

En el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, al elegir como organismo destinatario de su solicitud la Consejería de Sanidad, debería aparecer el anuncio del infierno de Dante, “abandonen toda esperanza, vosotros los que entráis”.

En el año 2021 se hicieron 381 solicitudes de información pública a la Consejería de Sanidad. Se contestaron con silencio administrativo 7 de ellas (1,8%). El tiempo de respuesta medio fue de 23 días con un rango entre 1 y 58 días. En el año 2025 se hicieron 376 solicitudes. El tiempo medio de respuesta fue de 30 días (rango entre 4 y 180 días). Pero lo más relevante es que hay 105 solicitudes no contestadas, 54 de las cuales fueron realizadas antes del mes de noviembre, superando el tiempo máximo de respuesta, de 40 días hábiles. Ello supone que en el año 2025 se ha realizado silencio administrativo como mínimo en el 14% de las solicitudes, siete veces más que en el 2021. Ello lógicamente se traduce en un aumento de reclamaciones al Consejo de Transparencia y Protección de datos (CTPD), que en el año 2021 supusieron el 5% y en el 2025 el 11%. La magnitud del problema queda reflejada en que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid haya obligado a cambiar el criterio por el que el Consejo de Transparencia y Protección de datos inadmitía reclamaciones tras silencio administrativo.

La ausencia de información pública sobre indicadores clave del sistema sanitario es un problema político y ético

Este es el tortuoso camino de acceso a la información pública. En abril del 2025 se hace una solicitud de información pública sobre datos de Salud Mental (profesionales sanitarios, CS de Atención Primaria con consultas de Salud Mental y población atendida). Al tener como respuesta silencio administrativo se hace en junio una reclamación ante el CTPD. Pasados tres meses, y considerada por tanto como desestimada por silencio administrativo se hace reclamación al Defensor del Pueblo en septiembre. Un mes más tarde se recibe del CTPD un escrito por el que se abre un periodo de audiencia para hacer alegaciones ante la falta de contestación por la Consejería de Sanidad (cuatro meses después de la reclamación). En diciembre del 2025 el CTPD dicta una Resolución instando a la Consejería de Sanidad a dar una respuesta en 20 días hábiles…

¿Por qué la Consejería de Sanidad convierte el portal de transparencia en un portal de opacidad? Una hipótesis plausible es el bajo número de Contenciosos administrativos que se realizan ante una desestimación por la administración. Desde el año 2020 se han realizado 8454 solicitudes de información pública. En solo 8 ocasiones se ha interpuesto un recurso contencioso administrativo (0.1%) y la gran mayoría son presentadas por la propia Comunidad de Madrid contra resoluciones del Consejo de Transparencia que avalaban la solicitud de información pública por parte de la ciudadanía.

La opacidad a la que nos condena la Consejería de Sanidad resulta incompatible con un sistema sanitario público, universal y equitativo

La opacidad se extiende al campo de la publicidad activa del tiempo en Atención Primaria (AP), desgraciadamente avalada por el CTPD. En noviembre del 2022 se presenta una solicitud de información sobre esta demora que no es estimada. En febrero del 2023 se interpone recurso ante el extinto Consejo de Transparencia y Participación ciudadana, que en julio del 2023 concluye que el Real Decreto 605/2003 avala el acceso a la información sobre demora en Atención Primaria. Así, aunque en febrero del 2023 la Consejería de Sanidad aseguraba que no disponía de datos automatizados del cálculo la demora media mensual para obtener cita por Centro de Salud, unos meses después esa información sí existía y se envía al solicitante la demora media en Medicina Familiar, Pediatría y Enfermería de todos los centros de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid ¿Datos escondidos bajo la alfombra? ¿Aparición milagrosa?

Después de largas y tediosas vicisitudes, en agosto del 2025 se interpone una reclamación ante el CTPD por el incumplimiento en materia de publicidad activa, al no publica en su portal web ni en el Portal de Transparencia los datos actualizados sobre demoras en listas de espera en centros de salud de Atención Primaria. En noviembre del 2025 se resuelve desestimar la reclamación aduciendo que, si bien la información agregada es pública y por ello accesible a quien la solicite, la legislación no contempla la obligatoriedad de su publicidad activa en la web. La Consejería dispone de unos datos de demora que oculta a la ciudadanía, a pesar de que tienen tanto interés como para ser objeto de preguntas específicas en el barómetro sanitario del CIS.

La opacidad, el no acceso a la información y la falta de publicidad activa son elementos necesarios en campañas de desinformación e imprescindibles cuando la mentira se convierte en una herramienta necesaria y esencial en la práctica política. Ante este atropello los ciudadanos podemos utilizar herramientas que no supongan un descalabro económico, como quejas ante el defensor del pueblo, denuncia ante la Inspección General de Servicios de la Comunidad de Madrid o ejecución forzosa de la resolución del CTPD.

La democracia participativa nos hace disponer de otra herramienta para conocer todo lo que la Consejería de Sanidad nos oculta, participar en la manifestación que tendrá lugar en Madrid el 8 de febrero a las 12 de la mañana cuyo manifiesto y formulario de adhesión/apoyo están disponibles aquí.

La ausencia de información pública sobre indicadores clave del sistema sanitario es un problema político y ético. Negar acceso a información pública, no publicar datos verídicos y contrastables en plataformas de información pública, tiene efectos directos sobre la calidad de la atención, la equidad y la confianza social. La opacidad a la que nos condena la Consejería de Sanidad resulta incompatible con un sistema sanitario público, universal, equitativo y basado en derechos garantizados. No admitamos que la administración nos considere ciudadanos pasivos, clientes, fuentes de ingreso para empresas con ánimo de lucro (otro oficio de tinieblas mucho más tenebroso y opaco) o simples receptores de ayuda. Reivindiquemos que la salud es un derecho, también en Madrid.

Pedro Aparicio Alonso | Portavoz de la Asociación para la Defensa Pública de Madrid