En estos momentos se está negociando un nuevo convenio para MUFACE, convenio que tendría una duración de 4 años, y es, por lo tanto, el momento de plantear la necesidad de cambiar esta situación. Habiéndose producido un informe del IDIS que es claramente alarmista y que contiene afirmaciones que son de ciencia ficción.
Las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) son un elemento distorsionador en el sistema sanitario público y suponen un factor muy importante de desigualdad y discriminación en el acceso de la población a la atención sanitaria (aspecto este que no parece preocupar a los supuestos defensores de la igualdad entre los españoles), además de una fuente de derivación de fondos públicos hacia el aseguramiento privado. Por otro lado, recientemente en el European Journal of Health Economics 2024 se ha señalado que existe una selección de riesgo del sector de seguros privados que deriva la atención sanitaria de los enfermos más graves, y por lo tanto más costosos hacia el sistema público.
Por eso, se ha planteado reiteradamente la necesidad de la integración de estas mutualidades en el Sistema Nacional de Salud.
Esta integración está recogida ya en la Ley General de Sanidad (en 1986) sin que hasta ahora se hayan producido avances al respecto. Habitualmente se han planteado dos problemas, el primero tiene que ver con el posible cambio y/o vulneración de derechos adquiridos de los colectivos incluidos que tiene fácil solución incorporando a la Sanidad Pública solo a los nuevos funcionarios y a los antiguos que así lo deseen con los que el resto no verían modificadas sus condiciones actuales, a la vez que la situación atípica y excepcional de las mutualidades iría en progresiva disminución.
La segunda objeción tiene que ver con la presión asistencial que podría suponer para la Sanidad Pública la atención de un grupo mucho mayor de población. El modelo lento de nuevas incorporaciones disminuiría este problema, pero a la vez hay que tener en cuenta que estas nuevas incorporaciones llevarían incorporada la correspondiente financiación, lo que permitiría al sistema público mejorar sus servicios.
Hay que considerar las afirmaciones que hace el IDIS que no se corresponden con la realidad por dos motivos: el primero es que los modelos que se han planteado respecto a las mutualidades asumen un paso progresivo hacia la Sanidad Pública de las nuevas incorporaciones a la función pública, y por lo tanto en el corto plazo supondría pocas personas y poca carga asistencial; y segundo, si se produjera la asunción de la Sanidad Pública de todos los funcionarios, ello llevaría aparejada la transferencia a la misma de todos los fondos que ahora manejan las mutualidades para la asistencia sanitaria, y por lo tanto, permitiría a ésta un incremento notable de sus recursos (personal, infraestructuras, etc.).
En resumen, es el momento de avanzar seriamente hacia la integración de las mutualidades en la Sanidad Pública.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
30 de septiembre de 2024
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