INTRODUCCIÓN
Desde el año 2004 desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) se llevan realizando Informes sobre la Situación Sanitaria en las CCAA, preocupados porque la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 hubiera producido un aumento de las desigualdades entre los servicios sanitarios de las mismas y por lo tanto el acceso a una atención sanitaria de calidad por parte de la población.
En 2020 no se realizó el Informe anual por la ausencia de una actualización de los datos recogido en el de 2019, y si bien progresivamente han ido recuperándose lo han hecho con el habitual retraso de las administraciones sanitarias. Por poner solo un ejemplo, el Barómetro Sanitario de 2019, cuya recogida de datos finalizo en octubre de ese año no se publicó hasta el primer trimestre de 2021, y el de 2020, que suponemos se habrá realizado no ha sido hecho público hasta ahora. Este es un serio problema, el de la falta de transparencia de las administraciones sanitarias, que hemos señalado reiteradamente y que no ha mejorado de manera significativa a pesar de la aprobación de una autodenominada ley de Transparencia, de manera que el acceso a los datos del funcionamiento del sistema sanitario público sigue siendo muy difícil para la población y los investigadores. Es una vergüenza y un atropello que los datos de la Sanidad Pública, que se financia con los impuestos de la ciudadanía, continúen secuestrados, una responsabilidad que por supuesto comparten el Ministerio de Sanidad y las CCAA.
Con la crisis económica se produjo un proceso de recortes que afecto a todas las CCAA, aunque en medida distinta. El resultado fue un deterioro importante en los recursos, especialmente en los humanos, y en las infraestructuras, mientras de manera paralela se incrementaba el proceso privatizador que ya estaba presente en la mayoría de ellas.
Aunque en los 5 últimos años se ha producido un aumento presupuestario, este ha ido dirigido de mayoritariamente al incremento del gasto farmacéutico (29% entre 2014 y 2020) y a las privatizaciones. Bien es cierto que los presupuestos sanitarios para 2021, en las CCAA en las que se han aprobado, es decir todas menos Madrid, Cataluña y Murcia, han incrementado notablemente los mismos, superando los existentes previamente a la crisis económica anterior.
Estos recortes se evidenciaron sobre todo en los recursos humanos disponibles (los trabajadores sanitarios) que han sufrido una disminución general aparte de un notable empeoramiento de sus condiciones de trabajo, pero también en el funcionamiento del sistema sanitario, especialmente en lo que respecta a las listas de espera, que han empezado a generalizarse de forma preocupante en Atención Primaria (el 34,7% de la población señala que le citan en AP con más de 6 días de demora) por lo que la opinión de la ciudadanía sobre el mismo ha empeorado (por ejemplo el porcentaje de personas que señalan que el sistema sanitario funciona bien o bastante bien ha pasado del 73,88% en 2010 al 72,1% en 2019) . …