Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública tenemos que señalar que ya desde la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en 1985, señalamos la necesidad de garantizar la práctica del aborto en el sistema sanitario público como una prestación normalizada y que para ello era imprescindible la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios implicados, porque de no hacerse así, lo más probable era, como puede comprobarse con los datos de abortos en la Sanidad Pública en este periodo, es que quedase marginada a centros específicos de titularidad privada.
Es evidente que una parte del problema está en la conveniencia de muchas administraciones sanitarias en no afrontar el problema y su desinterés en garantizar el derecho a una prestación que está incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
Por eso entendemos que la regulación de la objeción de conciencia en la Sanidad Pública es imprescindible, así como retomar el papel del sistema sanitario público en las IVE para normalizarlas dentro del mismo, y apoyamos todas las iniciativas que avancen en este sentido.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
29 de septiembre de 2021