El Servicio Galego de Saúde (Sergas) ha sacado a licitación, por un valor estimado de casi 1,4 millones de euros durante tres años, prorrogables a cinco, la atención de las interrupciones voluntaria del embarazo. El contrato con centros privados superará los 2,5 millones y cubrirá la asistencia de 805 abortos anuales.
Esto supone:
1.- Que la Xunta sigue avanzado en la privatización del sistema sanitario público gallego. Hasta el momento, el Sergas realizaba las derivaciones a clínicas privadas de forma excepcional basada en la urgencia vital.
2.- Una vulneración de un derecho fundamental de las mujeres, a las que se priva del derecho a abortar en la sanidad pública, como un servicio más dentro de la Cartera de Servicios.
3.- La estigmatización de las mujeres que quieran interrumpir su embarazo, que dejaran de ser dignas de ser atendidas en la sanidad pública.
5.- La intrusión de la ideología conservadora del PP en las relaciones sanitarios (Fraga de opuso a la primera Ley del Aborto, Trillo recurrió y perdió ante el Tribunal Constitucional la Ley del 2010, Gallardón quiso recortar significativamente la misma o Feijoo no considera el aborto como un derecho fundamental de la mujer).
4.- la Xuntra de Galicia demuestra nuevamente su incapacidad para planificar y gestionar los recursos sanitarios públicos, dado que la medida se justifica por la imposibilidad de que los servicios sanitarios públicos del Sergas puedan prestar dicha asistencia con los recursos humanos, materiales e infraestructura que tiene en la actualidad. Los gerentes de cada hospital, el SERGAS o la Conselleria tienen que organizar los circuitos adecuados para que se respete el derecho de la mujer pese a la objeción de conciencia de los profesionales.
6.- En la orden se hace nuevamente mención a la objeción de conciencia, cuya falta de regulación constituye un obstáculo para el acceso al aborto (según reconoce la ONU). En Galicia no existe un Registro de Objetores en Galicia, lo que vulnera la legalidad (los profesionales no comunican su objeción ni oficial ni individualmente).
Desde nuestra Asociación exigimos la retirada de esta decisión, la adopción de medidas para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del Embarazo en todos los Centros sanitarios Públicos y una regulación de objeción de conciencia que no afecte al derecho de la mujer a una atención sanitaria pública
Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública