INTRODUCCCIÓN
Desde el año 2004 desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) se llevan realizando Informes sobre la Situación Sanitaria en las CCAA, preocupados porque la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 hubiera producido un aumento de las desigualdades entre los servicios sanitarios de las mismas y por lo tanto el acceso a una atención sanitaria de calidad por parte de la población.
En 2020 no se realizó el Informe anual por la ausencia de una actualización de los datos recogidos en el de 2019, y si bien progresivamente han ido recuperándose lo han hecho con el habitual retraso de las administraciones sanitarias. Por poner solo un ejemplo, el Barómetro Sanitario de 2019, cuya recogida de datos finalizo en octubre de ese año no se publicó hasta el primer trimestre de 2021, y del de 2022, se han publicado solo los datos totales, no desagregados por CCAA y de la primera oleada. Este es un serio problema, el de la falta de transparencia de las administraciones sanitarias, que hemos señalado reiteradamente y que no ha mejorado de manera significativa a pesar de la aprobación de una autodenominada ley de Transparencia, de manera que el acceso a los datos del funcionamiento del sistema sanitario público sigue siendo muy difícil para la población y los investigadores. Parece poco razonable y un atropello que los datos de la Sanidad Pública, que se financia con los impuestos de la ciudadanía, continúen secuestrados, una responsabilidad que por supuesto comparten el Ministerio de Sanidad y las CCAA.
Con la crisis económica se produjo un proceso de recortes que afecto a todas las CCAA, aunque en medida distinta. El resultado fue un deterioro importante en los recursos, especialmente en los humanos, y en las infraestructuras, mientras de manera paralela se incrementaba el proceso privatizador que ya estaba presente en la mayoría de ellas. Estos problemas se hicieron más patentes durante la pandemia, que, actuando sobre un sistema sanitario ya muy debilitado, lo llevo prácticamente al colapso y produjo entre otros efectos la desatención de una gran parte de los enfermos con patologías distintas a la covid19.
Aunque durante la pandemia se prometió reforzar de manera significativa la Sanidad Pública, propósito que incluso se recogió en las conclusiones de la COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA formada en el Congreso de los Diputados, la realidad es que, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno, la Sanidad Pública tenía una consideración menor, por no decir que testimonial ya que solo se le destinaban el 1,54% de los fondos previstos.
Por otro lado, las CCAA han seguido una senda similar, ha habido aumentos presupuestarios en todas ellas, menos en las 2 que han convocado elecciones anticipadas, pero siempre insuficientes para abordar los problemas detectados durante la pandemia y para recuperar la atención a los enfermos postergados durante la misma. 3
Esta situación es especialmente evidente en la Atención Primaria que continúa con esperas intolerables, con recursos insuficientes, y con graves problemas que hacen muy difícil que pueda ser el eje vertebrador del sistema sanitario. Igual puede decirse de las carencias de recursos humanos o el déficit de camas hospitalarias, etc.
Estos problemas son generalizados en todo el Sistema Nacional de Salud y han afectado, en mayor o menor medida, a todas las CCAA, pero una vez más ha habido distintas formas de aplicación de estas políticas que, incidiendo sobre las diferencias previas, las han aumentado o disminuido.
Este Informe, como los anteriores, hace una comparación entre las distintas CCAA y evalúa la posición relativa que cada una de ellas tiene respecto a las demás, por eso si todas las CCAA hubieran empeorado o mejorado, el resultado no tendría que variar si lo hubieran hecho en la misma medida. Por otro lado, es evidente que la utilización de este para argumentar que un servicio sanitario de una comunidad autónoma concreta carece de problemas no se ajusta a la realidad porque solo indica si esta mejor o peor que el resto. También debe tenerse en cuenta, que incluso una buena situación relativa, puede encubrir muy serios problemas en parte del territorio de esa autonomía, porque no se analizan las desigualdades intracomunitarias, que existen y haya motivos para pensar que son importantes, pero sobre las que no hay datos públicos suficientes para hacer evaluaciones.
Por ello este Informe, además de objetivar las diferencias entre los sistemas sanitarios de las CCAA, intenta también el analizar con que intensidad se ha aplicado esta política de recortes y deterioro en la Sanidad Pública y se ha respondido a los problemas producidos por la pandemia, y si también en este tema estamos ante actuaciones significativamente diferentes por parte de las administraciones autonómicas.
Otro hecho que conviene tener en cuenta es que el Informe se realiza con datos mayoritariamente de 2020, algunos de 2019 Y 2021 y solo uno de 2022.