El sistema genera discriminación con el conjunto de la población y competencia «desleal» con la sanidad pública.
Por: Carlos Ponte
Fuente original: Publico.es
El último convenio del Gobierno con las aseguradoras sanitarias que prestan servicio a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) data de septiembre de 2021, el Consejo de Ministros aprobó entonces una partida de 3.571 millones de euros para un periodo que tiene como fecha de caducidad el venidero 31 de enero del año próximo.
MUFACE es un modelo anacrónico, instaurado hace más de 40 años. Una anomalía en el marco de la Ley General de Sanidad de 1986, que la propia Ley declaró a extinguir, en coherencia con el principio de universalidad y no discriminación en el acceso a la atención médica.
El convenio beneficia a un numero aproximado de 1,5 millones de mutualistas (en la actualidad medio millón -un tercio del total- de estos funcionarios ya eligen la pública como su sistema de salud) , pero sobre todo a quien beneficia es a las aseguradoras privadas, mientras que genera discriminación con el conjunto de la población y competencia “desleal” con la sanidad pública.
Como ha titulado acertadamente Nortes en su edición del pasado día 19: “MUFACE es un regalo del Estado al sector privado”. Lo que ya deja más dudas, como también decía el titular, es si MUFACE “pueda tener los días contados”, porque la voluntad del gobierno parece débil como muestran las interferencias del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ante una responsabilidad que debería corresponder en exclusiva al Ministerio de Sanidad. El 31 de enero lo sabremos.
De momento lo que si sabemos es que MUFACE tiene un gran aliado en el Partido Popular y su armada mediática. La derecha ha entrado en tromba, como era de esperar, en defensa de las aseguradoras privadas , amenazando a la opinión pública con el “colapso” de la sanidad pública como consecuencia del hipotético cierre de Muface. La estrategia del miedo otra vez a escena.
Pero los datos no se retuercen tan fácilmente. La supuesta “sobrecarga” que causarían los mutualistas al integrarse en el sistema público, es fundamentalmente una maniobra de presión de las aseguradoras privadas para renovar el convenio de la forma más ventajosa para sus intereses.
Las cifras que se publican en los medios son una falacia porque el perfil de los usuarios de Muface corresponde en su mayoría a jóvenes y con pocos problemas graves de salud, ya que las co-morbilidades o enfermedades como el cáncer, optan siempre por la sanidad pública. Por tanto, el impacto sanitario será mucho menor de lo que se augura: Se estima, según los cálculos más pesimistas, que puede suponer un incremento de apenas un 2% de la demanda de la sanidad pública.
Tampoco es verdad que las aseguradoras (DKV, ASISA y Adeslas) estén al borde de la quiebra. En 2023, declararon unas ganancias de nada menos que 10.500 millones de euros, de los que el 17% correspondieron al mutualismo administrativo. En realidad, lo que están exigiendo son aumentos desorbitados que no tienen justificación
Estamos, por consiguiente, ante una estrategia de presión para mantener el statu quo de un modelo obsoleto que se está lucrando del sistema público. Las dificultades del sistema sanitario no serán la consecuencia de la integración de los mutualistas, sino de las carencias de un modelo de gestión deficiente.
En resumen, no es aceptable la inequidad en salud y que un gobierno progresista financie a las aseguradoras privadas: Desde nuestra Asociación consideramos de justicia, y lo reiteramos ahora, el fin de la mutualidad y la integración de los empleados en el Régimen General de la Seguridad Social.
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