La huelga de personal facultativo del pasado viernes, 13 de junio, es una inequívoca señal de alarma que no se puede ignorar. Una hipotética continuidad de la huelga causaría un daño difícilmente reversible en la sanidad pública, incrementando exponencialmente las ya desproporcionadas listas de espera actuales, que son la principal razón por la que se contratan pólizas de seguros privados.
Los convocantes, la CESM (confederación estatal de sindicatos médicos) y los colegios de médicos, representan al sector más conservador de la profesión y menos afín a la sanidad pública. Sus reivindicaciones incluyen algunas cuestiones laborales que no entramos a valorar, con otras demandas que no podemos compartir.
Nos referimos, en primer lugar, a la reivindicación de un estatuto propio para médicos y facultativos, que los separe del estatuto general del conjunto de profesionales trabajadores del sector. Una reclamación elitista y para nada justificada. Las diferencias y singularidades que evidentemente existen entre estamentos y colectivos profesionales se pueden y deben gestionar en el marco del actual estatuto sanitario, un pilar fundamental para garantizar la equidad, cohesión y calidad en el Sistema nacional de Salud (SNS).
Una segunda reivindicación, probablemente clave en el conflicto, es la eliminación de la dedicación exclusiva a la sanidad pública, una vieja y reiterada aspiración, que comparten estos colectivos médicos y la derecha política. Su argumentario es muy elemental y aparentemente razonable: La actividad pública y privada es compatible siempre que no afecte a la disponibilidad o al tiempo de trabajo.
Olvidan, sin embargo, que la compatibilidad público-privada genera inevitablemente conflictos de intereses que pueden conducir a la concurrencia desleal. Por ejemplo, prevalerse de la información y el conocimiento adquirido en el sector público, o la desviación o captura de pacientes o recursos para beneficio privado.
La compatibilidad público-privada, por tanto, implica situaciones de riesgo que la institución pública no debe asumir y ante los que no cabe la pasividad. ¿De verdad aceptaremos que un director médico en un hospital público dirija a la vez una clínica privada u hospital de Quirón? ¿Que pueda derivar pacientes, usar información privilegiada o anteponer intereses económicos particulares al cuidado equitativo de la ciudadanía?, pues lo mismo cabe decir en el caso de un jefe o un responsable de un servicio médico. Eso, sencillamente, es inaceptable.
Ahora, cuando saltan nuevos escándalos de corrupción en el ámbito de la política, o de posibles entramados conectados con grupos empresariales privados relacionados con la salud, es un buen momento para recordar que siempre hemos reivindicado la necesidad de una Agencia Sanitaria de Integridad Pública (“compliance officer”) que gestione los conflictos de intereses, dado que los sistemas de salud por su complejidad son particularmente susceptibles de malas prácticas, corrupción y relaciones indebidas.
En todo caso, en sentido positivo, la exclusividad adecuadamente implementada, y no como se ha hecho hasta ahora, tiene que ser un instrumento para fortalecer el sentido de pertenencia al sistema público y la fidelización, una motivación fundamental en cualquier actividad humana, con toda la fuerza ética y moral que implica velar por el bien común y cuidar de la salud con equidad, a toda la ciudadanía por igual.
Por todo ello, reclamamos la resolución de un conflicto que de prolongarse puede ser demoledor para la sanidad pública y por tanto para la población que de ella depende. Una resolución que, por una parte, atienda aquellas reivindicaciones de los y las profesionales que están basadas en condiciones laborales dignas y atractivas fortaleciendo el Sistema Nacional de Salud, dentro del marco común, y que, a su vez, respete la propuesta del Ministerio de establecer la dedicación exclusiva a todas las jefaturas y cargos de responsabilidad y, una vez terminado el periodo de formación (Interno Residente), los cinco primeros años de ejercicio profesional.
19 de junio de 2025
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
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