No pedimos la dimisión de la ministra (y somos médicos)

Por: José Manuel Aranda Regules

Fuente original: diariomallorca.es

Con motivo de la reciente huelga convocada por el sindicato médico SIMEBAL y el Colegio de Médicos apareció el titular «los médicos piden la dimisión de la Ministra de Sanidad», refiriendo concentraciones de 500 personas en la Delegación de Gobierno.

Como médico de la sanidad pública en Balears me siento obligado a hacer puntualizaciones. La primera es que yo no pido la dimisión de la ministra (como muchas/os médicas/os que tampoco la piden), la segunda es que las 500 personas concentradas no representan a los profesionales del IB-Salut, que tiene una plantilla de más de 17.000 profesionales. Es, por tanto, solamente, la respetable opinión del SIMEBAL y del Colegio de Médicos. El sindicato médico nos tiene acostumbrados a sus planteamientos corporativos (recordemos su negativa a firmar el complemento de insularidad) y por eso piden un estatuto marco solo para médicos. Parece que piensan que no somos ciudadanos normales.

Hay que recordar que la protesta debería dirigirse también al gobierno de Prohens y a Bruselas ya que la jornada laboral y los salarios están determinados por las Comunidades Autónomas (solo el salario base y los trienios dependen del Gobierno Central) y los límites de la jornada de la Unión Europea. También que el actual gobierno propone una reducción de la jornada laboral sin excluir a los médicos de ello.

Pero ¿qué hay realmente detrás de esa huelga? A nuestro juicio el motivo fundamental está relacionado con la anunciada incompatibilidad de jefes de servicio/sección de la sanidad pública.

La sensación de la población es que la sanidad funciona «bien» si las listas de espera son razonables, es decir se atienden tus problemas en un tiempo lógico. Una lista larga significa que no hay recursos suficientes o que no están gestionados adecuadamente. Los «planes de choque» habituales se basan en las «peonadas» (jornadas extraordinarias remuneradas que los sanitarios realizan fuera de su horario); conciertos con la privada (en 2024 se derivaron casi 22.000 pacientes) y contrataciones temporales para la disminución de la lista. Las tres medidas parten del supuesto indemostrado de que los servicios sanitarios públicos son «insuficientes» y por tanto hay que habilitar más recursos. Pero estas medidas son perversas: el profesional que cobra peonadas no quiere dejar de hacerlas, el que está contratado quiere seguir y la privada se nutre de largas demoras. No es extraño que ninguna de las tres medidas NO haya resuelto el problema en 40 años de gestión.

¿Qué se puede hacer para reducirlas? Se llama gestión clínica.

Un/a jefe/a de un servicio hospitalario es responsable de que el servicio funcione, es decir que los recursos se usen con eficiencia y que los problemas se resuelvan. Como cualquier responsable de una empresa. Cuando un servicio funciona bien es un motivo de orgullo para su jefe/a, para los profesionales que trabajan en él y para los ciudadanos que utilizan sus servicios. Ahora bien, el ingrediente fundamental para que el jefe cumpla esa misión se llama compromiso. La dedicación exclusiva es la garantía de ese compromiso.

¿Entenderíamos que el responsable de una empresa trabajase simultáneamente para otra empresa de la competencia?

Porque el problema de las listas de espera es que no se gestionan. Cuando un/a jefe/a de servicio recibe una derivación debe tener información para determinar su prioridad y si no está disponible, debe recabarla. Si detecta que otras unidades están remitiendo pacientes inadecuadamente debe articular mecanismos correctores. Eso es gestión clínica.

Revisando una lista de espera encontramos problemas ya resueltos, información insuficiente y solicitudes inadecuadas. Todo ello junto a problemas graves que requieren atención preferente.

Solamente con jefes/as de servicio y sección comprometidos/as con la pública en régimen de exclusividad, con una relación estrecha con atención primaria y con una gestión adecuada de recursos suficientes se pueden mejorar las listas de espera. La sanidad pública si busca la excelencia, no puede tener responsables inmersos en un eterno conflicto de intereses.

El sindicato médico con esta huelga no solamente no defiende los intereses de la población y de los trabajadores de la sanidad, sino tampoco los del conjunto de los médicos. Defender los intereses de los jefes y de los médicos en general es defender que las condiciones de trabajo sean dignas y adecuadas en la empresa pública y que los médicos no se vean obligados a doblar jornadas muchas veces en condiciones inadmisibles y ofensivas.

Y, representantes de SIMEBAL, cuesta trabajo entender que si se quejan de las jornadas de trabajo insoportables en la pública, ¿por qué piden compatibilizarlo para trabajar más?

Parecería que lo lógico sería que defendieran unas condiciones dignas para todos los médicos, basadas en una gestión eficiente de los recursos, en la dedicación a una sola empresa y donde desarrollar toda la carrera profesional. Todo ello es compatible con tener un ESTATUTO MARCO conjunto con el resto de los profesionales de la sanidad, donde se recojan las singularidades de la profesión médica y no un estatuto donde se defiendan privilegios que propician una situación de inequidad poniendo en jaque a la sanidad pública.