La ADSPM denuncia que la adjudicación del Laboratorio Central a Quirón confirma el fracaso del modelo privatizador de la sanidad madrileña.
La información conocida sobre la adjudicación del Laboratorio Central de San Sebastián de los Reyes a Quirónsalud vuelve a poner de manifiesto una nueva contradicción en la política sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Después de más de dos décadas justificando privatizaciones y concesiones a empresas privadas en nombre de una supuesta mayor eficiencia, la propia Consejería de Sanidad admite ahora que las pruebas de diagnóstico genético deben ser asumidas directamente por el sistema sanitario público porque su gestión es «más eficiente». Es difícil encontrar una enmienda más contundente a las políticas sanitarias desarrolladas por los sucesivos gobiernos del Partido Popular en Madrid.
Resulta llamativo que una Administración que ha basado buena parte de su política sanitaria en la externalización de servicios y en la derivación de recursos públicos al sector privado reconozca ahora que una actividad de alta complejidad y rápida evolución científica debe gestionarse directamente desde el sistema sanitario público por razones de eficiencia.
Por otra parte, no deja de sorprender que la Comunidad de Madrid vaya a incrementar el importe anual destinado a este contrato mientras reduce parte de la actividad incluida en el mismo. Los madrileños y madrileñas financian con sus impuestos un contrato más caro mientras parte de la actividad es asumida por la propia sanidad pública. Un ejemplo más de cómo los procesos de privatización terminan socializando los costes y garantizando los beneficios empresariales.
Asimismo, la exclusión de las pruebas genéticas supone una nueva fragmentación de actividades que deberían estar integradas en una planificación pública coherente. La experiencia demuestra que la dispersión de servicios, la proliferación de contratos y la dependencia de empresas privadas generan problemas de coordinación, opacidad y pérdida de capacidad de control por parte de la Administración sanitaria.
La situación creada en relación con los trabajadores y trabajadoras afectados por el cambio de adjudicatario constituye otro ejemplo de los efectos negativos asociados a los procesos de externalización. La incertidumbre laboral, la pérdida de derechos adquiridos y los conflictos derivados de los cambios de empresa son situaciones que se repiten de forma sistemática cada vez que se producen este tipo de operaciones.
La ADSPM lleva años denunciando que la privatización de servicios sanitarios no responde a criterios de eficiencia ni de mejora de la calidad asistencial, únicamente se trata de una decisión ideológica destinada a transferir recursos públicos al sector privado y consideramos que este caso debería servir para abrir un debate serio sobre el modelo sanitario madrileño. Si la propia Consejería reconoce que determinadas prestaciones sanitarias se gestionan de forma más eficiente desde el sector público, resulta obligado revertir las políticas de privatización desarrolladas durante las últimas décadas y evaluar sus resultados reales en términos de calidad asistencial, eficiencia económica y utilización de los recursos públicos.
Por todo ello, la ADSPM considera que este caso demuestra una vez más el agotamiento del modelo privatizador impuesto en la sanidad madrileña y exige la paralización de esta adjudicación, así como la recuperación para la gestión pública directa del Laboratorio Clínico Central, garantizando la transparencia, la participación de los y las profesionales y el control público de una actividad estratégica para el sistema sanitario. La sanidad pública madrileña dispone de capacidad técnica, profesional y organizativa suficiente para asumir directamente este servicio, sin necesidad de seguir transfiriendo recursos públicos a empresas privadas
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
22 de junio de 2026
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