El proyecto del Ministerio de Sanidad para integrar MUFACE en el Sistema Nacional de Salud ha desencadenado una nueva batalla entre diferentes grupos de presión económica, sindicatos y grupos políticos:

1.- Las aseguradoras privadas (DKV, ASSISA, Sanitas, etc.) y la patronal privada (Instituto IDIS) reciben una subvención encubierta con de fondos públicos para atender a personal funcionario manteniendo un sistema obsoleto que según la Ley General de Sanidad debía haberse extinguido hace cuarenta años. Las aseguradoras alegan que tienen un riesgo de quiebra, a pesar de que practican la selección de riesgos. Además, están incrementado exponencialmente sus recursos gracias a los seguros complementarios, que son consecuencia de los recortes en la Sanidad Pública de los últimos años.  

2.- Algunos sindicatos (que representan a una parte funcionariado) quieren mantener los privilegios respecto al resto de la población (como prótesis, gafas, atención dental, etc.) y la posibilidad de cambiar al sistema público cuando se tienen problemas graves de salud para ser atendidos en los hospitales Públicos, mucho mejor dotados y capacitados que los privados.

3.- El Partido Popular, anuncia el colapso del sistema pese a que están recortando recursos, cerrando centros y despidiendo personal allí donde gobierna (Andalucía, Madrid, Valencia, Galicia, Canarias…) para abrir espacios al sector privado.

4.- Una parte del Gobierno pretende que la parte sanitaria de MUFACE siga siendo un modelo centralizado en manos del Ministerio de la Función Publica, contraviniendo así el modelo de Sanidad universal, equitativa y descentralizada.

5.- El Ministerio de Sanidad planeta incorporar progresivamente al funcionariado de MUFACE al Sistema Sanitario Público (el 68% de los nuevos funcionarios eligen el Sistema Público) y alega que esta incorporación solo incrementaría un 2% la presión asistencial, lo que quedaría compensado por el dinero que ahora se quedan las aseguradoras.

En esta confrontación hay importantes contradicciones: las aseguradoras, supuestamente, partidarias de la libre competencia empresarial pretenden mantener las subvenciones públicas y una clientela garantizada, además de utilizar su posición predominante en el mercado para llegar a acuerdos entre ellas e imponer precios. También hay algunos sindicatos corporativos que quieren mantener el carácter publico de su trabajo a la vez que reciben atención medica del sector privado.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública hacemos un llamamiento a las organizaciones sociales, sindicales, profesionales y partidos políticos progresistas a apoyar el fin de MUFACE para que las aseguradoras no se hagan con el monopolio de la asistencia sanitaria.

 

20 de noviembre de 2024

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública


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