El Ministerio de Seguridad Social tiene un proyecto de Convenio denominado de Cooperación y coordinación para la mejora de la incapacidad temporal y de la asistencia sanitaria que supone un evidente paso adelante en la privatización del sistema sanitario, en la desintegración de la asistencia sanitaria y en la intromisión de los intereses empresariales en el control de las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores.

El citado proyecto de convenio contempla que las mutuas patronales, que el mismo define como asociaciones privadas de empresarios, tengan capacidad para intervenir en la atención sanitaria de las ITs, prestando atención sanitaria en estos casos, bien directamente o mediante conciertos con otras empresas privadas a estos trabajadores en cualquier tipo de contingencia que sea objeto de IT, es decir también en enfermedades comunes sin ninguna causa laboral identificada. Por supuesto esta asistencia será facturada a los correspondientes servicios sanitarios públicos de las CCAA de manera que estarán financiando con fondos públicos a las empresas privadas.

Por otro lado, confiere a las Mutuas la potestad de dar altas a los trabajadores si en un plazo de 5 días no se ha producido una negativa por parte de la inspección sanitaria, considerando que excedido este plazo se asiente a las propuestas de las Mutuas lo que evidentemente deja desprotegidos a los trabajadores.

Esta propuesta aparte de privatizar con fondos públicos una parte importante de la atención sanitaria suponen una desintegración de la asistencia sanitaria, una parte de la cual queda en manos de empresas que tienen un interés directo en limitar las bajas laborales (los propios empresarios) y desautorizan a los profesionales de Atención Primaria que hasta ahora son los que controlan estas ITs.

Finalmente se pretende instaurar una red paralela, las Mutuas para atender a los trabajadores, y se fomenta la marginación de la AP dejándola el papel de una nueva beneficencia, es decir nos retrotrae a la época del franquismo.

Entendemos que una propuesta tan regresiva no puede prosperar y emplazamos al Gobierno a que paralice esta iniciativa de privatización y fragmentación de la asistencia sanitaria y por otro lado estimamos que los sindicatos deberían de actuar en defensa de los intereses de los trabajadores que se ven claramente vulnerados por esta propuesta.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

27 de marzo de 2023