Exclusividad

¿Alguien entendería que se pueda ser gerente del HUCA y, a su vez, gerente del Centro Médico de Oviedo?

Por: Mercedes González*

*Médica e integrante de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública.

Fuente original: nortes.me

La propuesta de Mónica García, ministra de Sanidad, en el marco de la negociación del Estatuto Marco, de recuperar la dedicación exclusiva en la sanidad pública, ha desatado una avalancha de reacciones indignadas en los medios de comunicación generalistas y profesionales: “Los médicos estallan airadamente”. “La ministra incendia el sector”. “Una autentica bomba” …

Una tamborrada mediática que olvida o no quiere reconocer que el régimen de incompatibilidades afecta a todos los funcionarios de la administración pública y es una práctica común en la empresa privada, en cualquier ámbito del mundo empresarial. 

La ministra tiene razón porque la Sanidad Pública tiene el derecho y la obligación de motivar e incentivar la exclusividad, y trabajar por la prevención y gestión de los conflictos de intereses. Exactamente el mismo derecho que las empresas privadas u otros sectores de la administración pública.   

La Sanidad Pública tiene el derecho y la obligación de motivar e incentivar la exclusividad, y trabajar por la prevención y gestión de los conflictos de intereses

La exclusividad fortalece el sentido de pertenencia al sistema público, una motivación que es fundamental en cualquier actividad humana y que, en este caso, tiene una dimensión moral y ética por la responsabilidad que supone sanar y cuidar de la salud con equidad, es decir, a toda la ciudadanía por igual.

No se trata, por tanto, de cuestionar la libertad de los médicos para desarrollar su actividad en el sector privado, pero sí de identificar los riesgos que plantea la doble fidelidad ante los que la sociedad, que es quien paga el sistema público, no puede permanecer pasiva. ¿Alguien entendería que se pueda ser gerente del HUCA y, a su vez, gerente del Centro Médico de Oviedo o del futuro hospital que proyecta Quirón en Gijón?

Los conflictos de intereses que surgen cuando se ejerce simultáneamente en el sector público y el sector privado, y aunque no presuponen deslealtad, es bien sabido, como se puede comprobar en la práctica, que puede propiciar problemas de productividad e incluso dar lugar a prácticas irregulares y parasitarias del sistema sanitario público.

Hace no mucho tiempo, hemos conocido a través de la prensa, el propósito de la Consejería de Salud de rebajar y devaluar el complemento de exclusividad, que es una remuneración que reciben solamente los profesionales de medicina que trabajan en exclusiva en el sistema público. Un error grave, contrario al posicionamiento del Ministerio, que complace al Colegio Oficial de Médicos y al SIMPA (sindicato de médicos), que llevan años reclamando la eliminación de la exclusividad, y que supone un salvavidas para la expansión de la sanidad privada, con déficit actual de médicos y con la expectativa de la jubilación del 30% de sus profesionales en la próxima década.

No cabe duda de que la exclusividad debe ser remunerada, porque así lo contempla explícitamente la legislación laboral vigente, y porque es una necesidad de la Sanidad Pública en la defensa de sus intereses y de la adecuada gestión de sus recursos humanos. En términos empresariales, la empresa pública tiene el mismo derecho que las empresas privadas a la protección de la ventaja competitiva y al retorno de la inversión realizada en el aprendizaje y formación de sus empleados (como es el caso del MIR).  Otra cuestión es cómo implementar la exclusividad, si debe ser el resultado de una negociación desde la prioridad de la sanidad pública, o permitir un mayor compromiso horario u otras fórmulas que redunden en beneficio de la sanidad pública.

Mejorar los incentivos y el entorno laboral es una de las claves para asegurar que los profesionales sanitarios trabajen con dedicación plena y hacer compatible el trabajo asistencial con la investigación y la formación continuada. En este marco, implementar la exclusividad, con una normativa apropiada, para todas y todos los facultativos y los cargos de responsabilidad que trabajan en la Sanidad Pública es un instrumento necesario para una sanidad pública mejor.

* Firma también el texto Carlos Ponte, médico y presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública.