Por: Sergio Fernández Ruiz*

Fuente original: nuevatribuna.es

La señora Díaz Ayuso vuelve a anunciar nuevos centros de salud, algunos necesarios y prometidos desde hace años, pero el principal problema no son los edificios.

El Debate sobre el Estado de la Región nos ha dejado, un año más, una larga lista de anuncios en materia sanitaria: nuevos programas, infraestructuras, tecnología, mejoras retributivas y compromisos para los próximos años. Con ellos, la señora Ayuso vuelve a proyectar una imagen de la Sanidad Pública madrileña que poco tiene que ver con la realidad cotidiana de quienes la utilizan y de quienes trabajan en ella. 

Porque el problema de la sanidad madrileña hace tiempo que no es la falta de anuncios ni de autobombo, sino la distancia entre el relato de excelencia del Gobierno regional y lo que sucede realmente en nuestros centros sanitarios. 

Los sucesivos gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid llevan años aplicando políticas de deterioro, desmantelamiento y privatización

El mejor punto de partida es la financiación. Ayuso vuelve a presumir de un presupuesto sanitario récord, superior a los 11.000 millones de euros en 2026. Sin embargo, Madrid presupuesta este año 1.537 euros por habitante, frente a los 2.014 de media autonómica y los 2.507 de Asturias: casi 1.000 euros de diferencia por persona. Entre las comunidades que han aprobado nuevos presupuestos, Madrid ocupa de nuevo el último lugar, por sexto año consecutivo. 

La situación tampoco mejora cuando se analiza el gasto efectivamente realizado. Los últimos datos homogéneos del Ministerio de Sanidad sitúan a Madrid como la segunda comunidad con menor gasto sanitario público por habitante y como la que dedica un menor porcentaje de su PIB a la sanidad, apenas un 4%. 

Los sucesivos gobiernos del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid llevan años aplicando políticas de deterioro, desmantelamiento y privatización, con un esfuerzo sanitario insuficiente tanto para la capacidad económica de la región como para las necesidades de una población que no deja de crecer. No basta con repetir cada año que nunca se había destinado tanto dinero a la sanidad. Lo importante es saber si los recursos son suficientes. 

El estado de nuestra sanidad se mide por el tiempo que tarda una persona en conseguir cita en su centro de salud, por la espera para ser atendida por un especialista o para realizarse una prueba

Una de las consecuencias más evidentes se observa en la Atención Primaria, eje vertebrador del sistema. Ayuso vuelve a anunciar nuevos centros de salud, algunos necesarios y prometidos desde hace años, pero el principal problema no son los edificios. Seguimos teniendo dificultades para conseguir cita en plazos razonables, sobrecarga laboral, problemas para cubrir las plantillas en muchos centros y unas urgencias extrahospitalarias que continúan sin equipos completos. Podemos abrir nuevos centros, pero, sin recursos suficientes, solo estaremos reproduciendo los mismos problemas en edificios nuevos. 

El triunfalismo resulta aún más difícil de entender cuando hablamos de las listas de espera. Ayuso vuelve a utilizar la demora quirúrgica media para presentar a Madrid como la comunidad con mejores resultados de España, algo que ya he calificado en numerosas ocasiones de “matemáticas alternativas”. Sin embargo, según los datos oficiales publicados, en julio de 2026 había 668.946 personas esperando una primera consulta con el especialista, 433.898 de ellas durante más de 90 días. Además, 162.305 personas aguardaban una prueba diagnóstica o terapéutica y 77.114 superaban también los tres meses de espera. 

En otras palabras, más de medio millón de personas llevaban más de 90 días esperando una consulta o una prueba. Es un dato difícil de conciliar con el relato de excelencia y con un modelo que recurre sistemáticamente a las derivaciones en lugar de poner todos los recursos disponibles al servicio de los centros públicos. 

Algo similar ocurre con las camas hospitalarias. La Memoria del SERMAS de 2025 contabiliza un promedio de 11.944 camas funcionantes, apenas ocho más que el año anterior, mientras la población con acceso a la asistencia sanitaria pública aumentó en más de 113.000 personas. Esto equivale a solo 1,66 camas funcionantes del SERMAS por cada 1.000 habitantes con acceso a la sanidad pública. 

La cuestión de fondo es que la Sanidad Pública madrileña continúa dependiendo del sobreesfuerzo de sus profesionales

Quizá, ahora que en el entorno de la presidenta parecen estar tan de moda los áticos y los metros cuadrados, convendría preocuparse también por quienes faltan en nuestra Sanidad Pública para poner en funcionamiento las camas necesarias, ampliar consultas, recursos y disponer de espacios suficientes para atender dignamente a la población, porque seguir anunciando hospitales y grandes infraestructuras mientras faltan camas, plantillas y recursos es hacer propaganda con dinero público. 

Los y las profesionales merecen un capítulo aparte. Las mejoras retributivas para guardias, noches y festivos que ya se están aplicando eran necesarias después de muchos años de retraso, pero siguen siendo insuficientes, por debajo de la media nacional y no sitúan las retribuciones a la altura de la capacidad económica de Madrid ni de su elevado coste de vida. 

Resulta significativo que, apenas dos meses después de presentar esas subidas como un importante esfuerzo retributivo, Ayuso anuncie otros 38 millones de euros anuales a partir de 2028 para que “los facultativos de Madrid sean los mejor pagados de España por hora de guardia”. Ya veremos en que queda esto, puesto que hay elecciones el año que viene, pero en cierta medida, el propio anuncio reconoce que las mejoras previstas para 2026 y 2027 eran migajas y que no había motivos para presumir de ellas. 

Pero ser el profesional mejor pagado por una hora de guardia no significa contar con unas retribuciones adecuadas en términos globales ni con mejores condiciones laborales. Y conviene recordar a la señora Ayuso que en la sanidad no solo existe el personal médico y facultativo y el personal de enfermería. Técnicos superiores, TCAE, personal administrativo, celadores y personal de gestión y servicios también trabajan días, tardes, noches, domingos y festivos; parten de bajos salarios y complementos exiguos y han recibido incrementos que, en la mayoría de casos, resultan irrisorios. En resumen, no hay nada que celebrar. 

La cuestión de fondo es que la Sanidad Pública madrileña continúa dependiendo del sobreesfuerzo de sus profesionales para funcionar. Podemos pagar algo mejor una guardia, una noche o un festivo, pero seguirán existiendo la falta de personal y la sobrecarga asistencial. Madrid necesita mejores retribuciones, sí, pero también plantillas suficientes, estabilidad y condiciones laborales que permitan captar y retener profesionales. 

En materia de jornada y conciliación, el Gobierno regional continúa sin atender una reivindicación fundamental como es la recuperación de las 35 horas semanales para el personal del SERMAS. Es una medida ya implantada en buena parte de las comunidades autónomas que Madrid sigue negando a sus profesionales. Resulta difícil hablar de conciliación y de mejora de las condiciones laborales mientras se mantiene una jornada ordinaria superior a la de hace casi 15 años. 

Tampoco puede presentarse como una iniciativa aislada del Gobierno madrileño que las guardias de 24 horas dejen de ser obligatorias. La reforma del Estatuto Marco que se tramita a nivel estatal, y a la que se opone la Consejería de Sanidad, ya plantea avanzar hacia otros modelos. Si Madrid quiere hacerlo, tendrá que explicar cómo y, sobre todo, con qué profesionales. Trabajar 24 horas seguidas es anacrónico e inhumano ya que aumenta la fatiga y el riesgo de errores clínicos y tiene consecuencias sobre la salud de quienes realizan esas jornadas. 

Y hay una gran ausente en el discurso de Ayuso, pese a que la Comunidad de Madrid lidera el ranking: la privatización. Madrid lleva más de dos décadas desarrollando un modelo basado en contratos, conciertos, concesiones y derivaciones que trasladan recursos públicos a empresas privadas. El Gobierno regional no plantea ninguna rectificación sobre este modelo, que está resultando demoledor para la Sanidad Pública y, por tanto, para la salud de la ciudadanía madrileña. Porque privatizar mata, que a nadie se le olvide. 

Por eso también habrá que comprobar cómo se desarrollan los anuncios sobre medicina de precisión, atención domiciliaria, tecnología sanitaria, prevención, cuidados paliativos o salud mental: con qué financiación, con qué profesionales y bajo qué modelo de gestión. Tenemos demasiados antecedentes en Madrid como para no hacernos esas preguntas. 

En definitiva, la Sanidad Pública madrileña no necesita otro catálogo de anuncios. Necesita financiación suficiente, recuperar y reforzar la Atención Primaria, aumentar y estabilizar sus plantillas, poner en funcionamiento las camas necesarias, utilizar plenamente los recursos públicos, reducir de verdad las listas de espera y frenar la privatización, revirtiendo para la gestión pública directa aquello que se ha privatizado. 

El estado de nuestra sanidad no se mide por el número de anuncios realizados desde la tribuna de la Asamblea. Se mide por el tiempo que tarda una persona en conseguir cita en su centro de salud, por la espera para ser atendida por un especialista o para realizarse una prueba, por la disponibilidad de una cama cuando necesita ingresar y por las condiciones en las que trabajan quienes sostienen cada día nuestros centros sanitarios. 

Y, a la vista de esos indicadores, la Sanidad Pública madrileña está muy lejos de la excelencia que intenta vender el Gobierno de la Sra. Ayuso. 

Sergio Fernández Ruiz | Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid 


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