*Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca

Por: MIGUEL BARRUECO*9 DE ABRIL DE 2024

Fuente original: saludadiario.es

Desde que Sir Richard Doll publicó en el mes de septiembre de 1950 en el ‘British Medical Journal’ el primer artículo que relacionaba el tabaco con el cáncer de pulmón, titulado Smoking and Carcinoma Of The Lung, la comunidad científica internacional ha realizado una larga marcha para demostrar inequívocamente los efectos nocivos del tabaco sobre la salud en general y su responsabilidad concreta en una larga lista de enfermedades.

Y todo ello ha sucedido a pesar de los enormes esfuerzos económicos y de todo tipo desplegados por la industria tabaquera para torpedear esta investigación, lo que ha obligado a un acúmulo de evidencias que no ha tenido lugar con ningún otro aspecto de la investigación médica: los efectos deletéreos del tabaco sobre la salud son el aspecto más y mejor documentado de la historia de la medicina.

Una larga lista de enfermedades se ha ido añadiendo al cáncer de pulmón en el ranking de méritos y éxitos del tabaco: enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, numerosos cánceres de todo tipo y condición, enfermedades inmunológicas, … y todo ello con un esfuerzo investigador y clínico innecesario si no hubiese existido la obstaculización constante por la industria tabaquera que conocía con antelación a la propia comunidad científica estos efectos y los escondía deliberadamente para seguir vendiendo su producto.

Esta larga marcha jalonada de obstáculos ha sido liderada inequívocamente por la comunidad científica que ha obligado al poder político, incluso en ocasiones contra su voluntad o con escaso entusiasmo por su parte, a ir elaborando leyes y medidas restrictivas del consumo de tabaco.

Zancadillas a la ley antitabaco

En España el proceso de elaboración de la Ley 28/2005 “de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco” contó con una enorme cadena de zancadillas por parte de la industria del tabaco y de la hostelería, que es la mano visible que mece la cuna.

Su gestación fue un largo proceso con un parto difícil que “descafeinó” en el Congreso el primer borrador elaborado por el gobierno hasta hacer dicha Ley irreconocible y limitar considerablemente su utilidad.

Así se le transmitió a la entonces ministra de Sanidad, Elena Salgado, en el congreso del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo celebrado en Salamanca en noviembre de 2005, unas semanas antes de la fecha de promulgación de la Ley. Al día siguiente de su entrada en vigor el “movimiento de prevención del tabaquismo” iniciaba su lucha para desarrollar una nueva Ley que corrigiera los agujeros negros que aquella tenía.

La nueva ley en 2010

Fueron seis largos años de lucha hasta conseguir la nueva Ley 42/2010 “por la que se modificó la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco”. Esta nueva Ley corregía algunos agujeros de gusano de la ley anterior y su gestación y parto también fueron tormentosos.

Su mayor avance fue la prohibición de fumar en todos los espacios públicos cerrados, incluyendo los locales de hostelería. Además, extendió la prohibición de fumar a algunos espacios al aire libre, como los recintos de los parques infantiles, centros docentes y recintos de los centros sanitarios.

Esta Ley, en contra de las profecías de apocalipsis que vaticinaban el cierre de la hostelería, contó con un apoyo elevado de la población, incluyendo los fumadores. El descenso en la prevalencia de personas fumadoras y en el número de cigarrillos consumidos, así como el aumento del abandono del tabaco reflejan el impacto inicial de la ley, así como la influencia del conjunto de las políticas de prevención y control del tabaquismo desarrolladas en la última década.

Sin embargo, el mercado del tabaco ha cambiado mucho en los últimos años, la aparición de nuevos métodos de consumo de nicotina como el vapeo y cigarrillos electrónicos, el abaratamiento del precio del tabaco y la política agresiva de las tabacaleras ha hecho que los efectos de la Ley 42/2010 se hayan ido diluyendo. Durante los últimos años el movimiento de prevención del tabaquismo en general y las sociedades científicas en particular vienen reivindicando un nuevo Plan Integral de Tabaquismo, que hasta ahora dormía en un cajón del ministerio, y una nueva Ley que profundice en la prevención y control del tabaquismo y de respuesta a las nuevas realidades.

Nuevo plan integral aprobado el 6 de abril

Por fin, el pasado 6 de abril el Consejo Interterritorial a instancias del Ministerio de Sanidad ha aprobado un nuevo Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo.

En palabras de la ministra de sanidad, “este plan no hubiera sido posible sin el diálogo y sin la voluntad de acuerdo frente a la epidemia del tabaquismo” y ha resaltado “el trabajo, el compromiso y el empuje que durante años han realizado las comunidades autónomas, las sociedades científicas, las sociedades de pacientes, los colectivos juveniles, las entidades de salud pública y los profesionales sanitarios”.

Este plan es una manifestación de intenciones y una hoja de ruta que ha conseguido la aprobación unánime de los principales artífices: gobierno central y comunidades autónomas. Ahora es necesario abordar el desarrollo de leyes para regular aspectos como las nuevas formas de publicidad digital, la equiparación legal de los nuevos productos de tabaco como los cigarrillos electrónicos y el vapeo al tabaco tradicional, la ampliación de los espacios libres de humo, el empaquetado neutro o la política fiscal de incremento sustancial de precios, y es ahí donde se pondrán de manifiesto las verdaderas sensibilidades e intenciones políticas de los distintos partidos. Esperemos que en aras de la salud pública se mantenga el consenso.

Actuar en el Parlamento

Por eso, en este momento más que nunca, hecho en gran medida el trabajo de investigadores, médicos y sociedades científicas, y cuando corresponde a los políticos actuar, es preciso poner de manifiesto las palabras de Sir George Young en 1981 siendo ministro de sanidad del Reino Unido: “La solución al problema del tabaquismo no se encontrará en los laboratorios de investigación ni en los quirófanos de los hospitales sino en los parlamentos de las naciones democráticas”.

En las próximas semanas y meses es cuando comprobaremos la verdadera voluntad política de partidos y legisladores para desarrollar el contenido del Plan Integral y avanzar en el control de la mayor epidemia de los siglos XX y XXI.

No olvidemos que el tabaco mata cada año en España más de 56.000 personas y genera un gasto sanitario anual directo superior a los siete mil millones e indirecto de otros ocho mil, algo que no cubre ni de lejos lo recaudado con los impuestos al tabaco pero que, sobre todo hay que recalcar que genera adicción, sufrimiento, incapacidad y muerte.