Por: Marciano Sánchez Bayle, Madalina Crisbasianu, Sergio Fernández Ruiz, Carmen Sánchez Bellido y Manuel Martín García.
Fuente original: infolibre.es
Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) acabamos de presentar el informe “El cambio climático y sus consecuencias para la salud”, en el que alertamos sobre el cambio climático y sus consecuencias, ya que no es una amenaza futura, es una crisis que está afectando directamente a la salud y la vida de millones de personas. Los datos lo demuestran: más de 8.000 muertes al año en España están directamente relacionadas con la contaminación del aire, las olas de calor y otros fenómenos extremos vinculados al deterioro ambiental. Esta realidad, lejos de ser puntual o localizada, se está volviendo estructural y amenaza con sobrepasar la capacidad de respuesta de nuestros sistemas sanitarios.
Este artículo y el informe que lo respalda se inspiran en la visión, el compromiso y el trabajo incansable del Dr. Marciano Sánchez Bayle, médico y fundador de la FADSP, quien fue el ideólogo de este documento. Marciano fue uno de los primeros en advertir que la lucha por la sanidad pública debía incluir la defensa del medio ambiente como un determinante clave de la salud. Su legado intelectual y ético continúa guiando nuestras acciones y compromisos.
El cambio climático es hoy el mayor determinante estructural de la salud pública. No solo eleva las temperaturas o provoca sequías: también genera enfermedades respiratorias, agrava patologías cardiovasculares, afecta a la salud mental y amplifica las desigualdades sociales. Además, altera los ecosistemas y la disponibilidad de recursos como el agua o los alimentos, lo que repercute directamente en la nutrición, la seguridad alimentaria y la salud global. Sus efectos son especialmente graves entre los colectivos más vulnerables: niños y niñas, personas mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas o personas sin hogar.
Esta crisis ambiental afecta también a la salud reproductiva, al desarrollo infantil, a la calidad del sueño y a la incidencia de enfermedades infecciosas emergentes. El incremento de temperaturas favorece la expansión del mosquito tigre y de otros vectores transmisores de enfermedades como el dengue o la fiebre chikungunya, ya detectadas en diversas comunidades autónomas, incluidos brotes autóctonos en la península. A medida que se incrementan las temperaturas medias, estos vectores encontrarán condiciones más favorables para su permanencia durante todo el año.
No estamos ante un problema lejano ni hipotético. Se trata de una realidad que ya se manifiesta en la vida cotidiana de millones de personas. Lo vemos en los veranos más largos y extremos, en los episodios de calor nocturno que impiden el descanso, en el aumento de enfermedades como el asma o la bronquitis, o en la dificultad para mantener condiciones de confort térmico en las viviendas. Las personas mayores que viven solas, los niños pequeños o quienes no pueden permitirse el uso del aire acondicionado son las principales víctimas de esta realidad silenciosa.
Un ejemplo lo encontramos en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. El estudio “Impacto de la contaminación ambiental en los ingresos hospitalarios pediátricos: estudio ecológico”, realizado entre 2012 y 2017, demostró que los días con peor calidad del aire se correspondían con un aumento claro de los ingresos hospitalarios pediátricos. La mitad de los más de 10.000 ingresos analizados fueron por enfermedades respiratorias. Los investigadores (Sánchez Bayle M, Martín Martín R, Villalobos Pinto E) concluyeron que si los niveles de contaminación se hubieran mantenido dentro de los límites recomendados, se habrían evitado al menos uno de cada doce ingresos. La contaminación, simplemente, está enfermando a nuestros hijos e hijas. Y no hablamos solo de enfermedades respiratorias: también se ha documentado el efecto de la contaminación sobre el neurodesarrollo infantil y el rendimiento cognitivo.
Además, la calidad del aire en muchas de nuestras ciudades sigue siendo alarmante. En 2023, más del 68% de la población española respiró aire que incumple los nuevos estándares europeos de calidad. Las comunidades autónomas más afectadas son Murcia, Canarias, Madrid, Asturias y Cataluña. En zonas urbanas como el centro de Madrid o el cinturón industrial de Barcelona, los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) y de partículas en suspensión superan con frecuencia los umbrales que la Organización Mundial de la Salud considera seguros. Esta exposición prolongada multiplica el riesgo de enfermedades crónicas y hospitalizaciones.
El cambio climático también se manifiesta con una mayor frecuencia y severidad de fenómenos extremos. Inundaciones, incendios forestales y tormentas de gran intensidad han provocado ya decenas de víctimas y daños millonarios. Basta recordar los incendios de Zamora y Ávila, las riadas que arrasaron localidades enteras en la Comunidad Valenciana y Murcia, o las gotas frías que han paralizado el Levante español. Estos eventos no solo afectan a las infraestructuras: generan estrés postraumático, pérdida de medios de vida y deterioro de la salud pública, especialmente en zonas rurales mal dotadas de servicios sanitarios. El colapso de los centros de atención primaria en contextos de catástrofe se ha convertido en un riesgo creciente.
Las consecuencias del cambio climático no se limitan a la salud física, también tienen un fuerte impacto sobre la salud mental. El miedo al futuro, la ansiedad climática, la ecoansiedad o la inseguridad ante eventos extremos como incendios o inundaciones, afectan especialmente a jóvenes y niños. Además, el calor extremo se ha relacionado con un aumento de los trastornos del sueño, los episodios de violencia y los ingresos psiquiátricos. La salud mental, históricamente marginada en las políticas públicas, debe ocupar un lugar central en las respuestas frente a la emergencia climática.
Las consecuencias del cambio climático no se limitan a la salud física, también tienen un fuerte impacto sobre la salud mental
Otro ámbito especialmente afectado, y del que se habla poco, es el de la salud laboral. El aumento de temperaturas y la mayor frecuencia de olas de calor están poniendo en riesgo la salud de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente quienes desempeñan su labor al aire libre o en entornos no climatizados. Agricultores, obreros de la construcción, personal de limpieza urbana o trabajadores del transporte sufren una exposición directa que incrementa el riesgo de golpes de calor, deshidratación, fatiga extrema o accidentes laborales. En los últimos veranos, se han registrado muertes por golpe de calor durante la jornada laboral, como ha continuado ocurriendo, desgraciadamente, en los inicios de este verano con cinco personas fallecidas. La falta de regulación específica y de planes de prevención adecuados agrava esta situación, y es urgente integrar el cambio climático en la planificación de la salud laboral y en la normativa de riesgos laborales.
A nivel económico, las consecuencias también son enormes. Las pérdidas por fenómenos extremos se han multiplicado por 26 en España en solo cinco años, muy por encima de la media europea. Los sectores más afectados son la agricultura, la construcción y los servicios. El aumento de las temperaturas está reduciendo el rendimiento laboral, afectando a las cosechas y forzando cierres temporales de servicios públicos. Y mientras tanto, la inversión en protección ambiental sigue estancada: apenas un 1,8% del PIB, por debajo de la media europea.
La ciudadanía sí percibe la gravedad del problema, ya que un 79% de las personas en España teme por el futuro de sus hijos a causa del cambio climático. El 71% teme no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y más del 80% ya ha adoptado medidas individuales como reciclar, reducir el consumo de energía o evitar el desperdicio alimentario. Pero no podemos dejar la solución en manos exclusivas del comportamiento individual: son necesarias decisiones políticas estructurales, dotadas de presupuesto y con visión de justicia social, por lo que proponemos un decálogo de medidas urgentes:
- Declarar el cambio climático como emergencia sanitaria
- Aprobar una Estrategia Estatal de Salud Pública frente al Cambio Climático
- Reforzar los sistemas de alerta ante olas de calor, contaminación e inundaciones
- Proteger activamente a los colectivos vulnerables
- Integrar la salud ambiental en la atención primaria
- Rediseñar las ciudades para que sean saludables y resilientes
- Reducir la huella climática del sistema sanitario
- Impulsar la investigación y formación en salud y clima
- Aplicar una fiscalidad ambiental justa
- Incluir a la sociedad civil en la gobernanza climática
La salud no se defiende solo con vacunas o tratamientos, también se defiende con arbolado urbano, transporte limpio, energía sostenible y aire respirable, es decir, por ejemplo, todo lo contrario al modelo de ciudad que se propone en Madrid. Defender la sanidad pública también es combatir la crisis climática. Actuar ya no es una opción: es una obligación ética, sanitaria y política.
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Marciano Sánchez Bayle (fallecido en 2024), Madalina Crisbasianu, Sergio Fernández Ruiz, Carmen Sánchez Bellido y Manuel Martín García, miembros de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y colaboradores de la Fundación Alternativas
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