El año 2026 debe ser un punto de inflexión para blindar la Sanidad Pública como derecho universal. La defensa de una financiación suficiente, el refuerzo de la Atención Primaria, la dotación adecuada de personal y el freno a las privatizaciones son objetivos irrenunciables para garantizar una atención sanitaria accesible, equitativa y de calidad para toda la población.


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