El presidente de la Xunta de Galicia anunció en el Debate Sobre Política General en el Parlamento Gallego una serie de medidas para combatir el incremento de las bajas laborales en Galicia mediante un Plan centrado en la represión y la privatización, en lugar de en medidas integrales que actúen sobre los determinantes de las mismas:
- Otorgar a las Mutuas Patronales un papel más activo en la revisión de las bajas. Si una mutua presenta una propuesta de alta debidamente justificada, la inspección sanitaria deberá ratificarla obligatoriamente
- Crear Unidades de Apoyo que condicionen la actuación del personal médico de atención primaria especialmente en dolencias musculoesqueléticas y problemas psiquiátricos.
Desde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública denunciamos que esta medida:
1.- Supone un nuevo paso en la privatización de la sanidad pública que atenta contra el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria de las personas enfermas, entregando la competencias de las bajas laborales al empresariado que controla unas Mutuas que son asociaciones privadas de empresarios.
2.- Atenta contra el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a la protección económica de las personas enfermas.
3.- Cuestiona la capacitación profesional del personal médico Sistema Sanitario Público para valorar y tratar la salud de la población.
4.- Pone bajo sospecha a cualquier persona enferma que no pueda trabajar y requiera de una baja laboral, considerándola como delincuente y defraudadora
5.- Supone un paso más en la privatización de la Sanidad Pública
- Elimina la capacidad de la Atención Primaria para atender la salud de las personas enfermas y la pone en manos de las Mutuas Patronales.
- Reducen las competencias y responsabilidad de la Atención Primaria, mientras se incrementa el poder empresarial.
- Coloca a un organismo privado (las Mutuas) por encima de uno público (la Inspección de Trabajo). Las mutuas impondrán sus decisiones a las inspecciones que deberán ratificarlas obligatoriamente.
- Las Mutuas (y el empresariado) tendrán acceso al historial médico de toda la población trabajadora, lo que tendrá una importante repercusión sobre la contratación.
6.- Las Unidades de Apoyo podrán poner su foco en la atención en los trastornos mentales y musculoesqueléticos, mientras que los Centros de Salud apenas disponen de personal de psicología clínica y fisioterapia necesarios para prevenirlos, tratarlos y recuperarlos.
7.- Este plan reduce los derechos a la población trabajadora, deja sin capacidad de decisión al personal médico del sistema público, ningunea y pone bajo sospecha a la Inspección de Trabajo y no contempla medidas integrales para afrontar el problema.
8.- Las bajas laborales y su duración tiene mucho que ver con las barreras de acceso los servicios de Atención Primaria (medias más de 9 días para recibir asistencia); la prioridad para las consultas no presenciales; la sobrecarga de las consultas médicas; la descoordinación entre los niveles asistenciales, trabajo social y salud laboral, el incremento de las Listas de Espera Hospitalarias que retrasan los diagnósticos y tratamientos; y el colapso permanente del sistema público.
Desde nuestra Asociación exigimos
La retirada de esta propuesta punitiva y privatizadora que atenta contra el derecho a recibir asistencia y prestaciones en caso de enfermedad; potenciar la Atención Primaria; mejorar la coordinación de los niveles asistenciales; acabar con la marginación y falta de recursos de los Servicios de Salud Laboral públicos; e implementar planes integrales para combatir con la precariedad, las malas condiciones y los riesgos laborales.
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