El chantaje de las aseguradoras, a través del movimiento sindical, y la defensa de un sistema sanitario público equitativo frente a privilegios y presiones

Algún sindicato, como CSIF, ha mostrado su apoyo al sistema de mutualidades y está organizando protestas porque las aseguradoras que prestan servicios a MUFACE están retrasando y suspendiendo citas médicas, amenazando con dejar de prestar asistencia a los funcionarios si el Gobierno no acepte los incrementos del 40% de sus ganancias. Este apoyo a las aseguradoras que les amenazan supone asumir el chantaje de las mismas, que quieren seguir haciendo negocio con el dinero que reciben del sector público.

Las aseguradoras pretenden que el funcionariado presione al gobierno para que mantenga un sistema obsoleto, contrario a la universalidad y la equidad de salud contemplado en la Ley General de Sanidad, que lo declaró a extinguir hace más de 40 años.

Estas empresas privadas que prestan servicios a MUFACE consideran a los funcionarios como clientes de los que obtener beneficios económicos en lugar de personas a las que prestar asistencia sanitaria, por lo que no dudan en suspenderles la asistencia para mejorar su posición negociadora y avanzar hacia una posición de monopolio sanitario.

Estos sindicatos, defensores del aseguramiento, exigen mantener este modelo asistencial centralista y obsoleto que otorga privilegios de los que no goza el resto de la población (prótesis, gafas, atención dental…) y poder pasar al Sistema Público si tienen enfermedades graves y costosas.

Resulta contradictorio que se pretendan mantener las ventajas laborales de los Estatutos de Empleados Públicos como la estabilidad, seguridad laboral, carrera profesional, etc…, y exigir, al mismo tiempo, que les sigan atendiendo aseguradoras privadas, que presionan, desde hace años (junto a fondos de inversión, farmacéuticas y grandes multinacionales), por la privatización del Sistema Sanitario Público.

Hay que preguntarse qué posición adoptarían las y los empleados públicos si el Estado externalizara las funciones que actualmente realizan en educación, administración local, policía, justicia o fuerzas armadas, y pasara a ser personal laboral del ámbito privado, que es una vieja reivindicación de la derecha española.

Esta probabilidad es más que posible, dado el nuevo rumbo de la política internacional donde nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que impulsará un drástico recorte de la administración pública, con despidos masivos de funcionarios para laboralizar su actividad o que el presidente de Argentina, Milei,  haya anunciado que echará a más de 75 mil empleados públicos (ya ha despedido a 50 mil) y el crecimiento en España de partidos afines a estas políticas, como han decelerado en múltiples ocasiones. 

Por todo ello, conviene no perder de vista la importancia de tener un Sistema Sanitario Público robusto, con todos los recursos necesarios para poder atender las necesidades de la población, evitando las desigualdades, siendo uno de los pilares básicos del estado de bienestar.

11 de diciembre de 2024

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública