La innovación farmacéutica es un elemento de crucial importancia para lograr nuevos tratamientos de los que puedan beneficiarse pacientes, y por eso las patentes de la industria farmacéutica gozan de una protección especial. ¿Qué ha pasado para que la innovación haya caído tanto? ¿Bajaron los beneficios de las grandes empresas? No, según los datos disponibles, la media se ha incrementado en la última década en un 20%-30% anual. ¿Ha bajado el gasto farmacéutico en los países europeos? No, en todos ellos el gasto de los servicios nacionales de salud ha crecido más deprisa que el crecimiento del PIB de cada uno de ellos. ¿Acaso no se han producido avances terapéuticos importantes en los últimos 20 años? Afortunadamente, los ha habido, pero más del 50% de las nuevas drogas que suponen auténticas mejoras tienen sus raíces en investigaciones financiadas por fondos públicos.
La situación del sector farmacéutico mundial es tan asombrosa (altos costes, altos beneficios, baja innovación) que algunos organismos internacionales han empezado a establecer analogías con lo ocurrido en el mundo de la banca. La polémica empieza a llegar a los parlamentos de algunos países de la UE, especialmente al Reino Unido, sede de importantes multinacionales. Lo primero fue un informe preliminar, e inquietante, de la Comisaría de la Competencia de la UE, que Neelie Kroes hizo público en diciembre pasado. "Existen pruebas de que las empresas originales (las que hacen investigación) han realizado prácticas con el objeto de retrasar o bloquear la entrada en el mercado de medicamentos competidores".
En concreto, denunciaba Kroes, prácticas para bloquear la entrada en el mercado de medicamentos genéricos (los que se pueden fabricar cuando ya ha caducado la patente), mediante el inicio de litigios y pleitos que luego pierden, pero que paralizan a las empresas competidoras durante tres o cuatro años, o mediante la solicitud de las llamadas patentes "intermedias". "Esas prácticas", dice la Comisión Europea, "dan lugar a importantes costes adicionales para los presupuestos de la salud pública, los consumidores y los contribuyentes". En época de crisis y de recortes presupuestarios conviene recordar que la factura farmacéutica en Europa ha ido engordando de manera desaforada no tanto porque los ciudadanos consuman más medicinas (lo que es moderadamente cierto) como, sobre todo, por el incremento del propio precio del medicamento.
El informe preliminar de la Comisión (las recomendaciones deben anunciarse en breve) ha ido provocando debates internos en algunos parlamentos europeos. En el caso británico, el diputado del ala izquierda del laborismo Jon Cruddas y Zoe Gannon, la joven portavoz del think thank Compass (también próximo al Partido Laborista), iniciaron su propia investigación. El resultado es un trabajo que se llama Una píldora difícil de tragar, http://www.compassonline.org.uk/publication, con datos y propuestas interesantes. Por ejemplo, que los gobiernos implanten un sistema de precios que anime la innovación terapéutica. El Gobierno de Gordon Brown, informan, exploró hace poco esa vía, de manera que la industria aceptara bajar a corto plazo los precios de las medicinas menos efectivas, a cambio de la promesa de subir esos precios si la eficacia era superior a la esperada. El resultado, por el momento, es un ahorro de 390 millones de libras para el sistema público de salud británico.
Cruddas y Gannon proponen también, entre otras cosas, regular la publicidad que puedan hacer las farmacéuticas cara al público en general (en lo que gastan la mitad de lo que dedican a investigación) y controlar las primas y sueldos de los máximos ejecutivos, que, como en el caso del mundo financiero, no han parado de crecer, al margen de la evidencia del declive en los resultados de innovación. El máximo dirigente de Abbott, Miles White, cobró en 2008 algo más de 33,4 millones de dólares.
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